La participación de dos funcionarias estatales y de Alexandra Herrera Corona  en el proceso de renovación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), es un escenario negativo, consideraron Cuauhtémoc Cruz Isidoro del Observatorio de Transparencia de la Ibero, y  Roberto Alonso Muñoz de Amedi.

Entrevistados por separado, Cruz Isidoro y Alonso Muñoz reiteraron que la manera en cómo el Congreso del Estado está conduciendo la selección y designación del futuro integrante de la CAIP, es un proceso viciado e inequitativo.

Para Alonso Muñoz, secretario del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), la postulación de dos servidoras públicas, en especial de María Montserrat Aguirre Barbosa, directora de Evaluación de la Contraloría es un escenario positivo para quienes buscan tener “capturado” al organismo autónomo.

Vía telefónica refirió que sería sospechoso que los diputados elijan a Aguirre Barbosa, quien labora en la dependencia que hasta enero de este año estuvo a cargo de Eukid Castañón Herrera, diputado del PAN y uno de los personajes más cercanos al gobernador Rafael Moreno Valle.

“Montserrat (Aguilar Barbosa) tiene una dirección en la Contraloría que fue encabezada por un personaje cercano al gobernador que ahora es diputado, me refiero al diputado Eukid Castañón, levantaría sospecha que fuera designada como comisionada por provenir de un sujeto obligado, que si bien puede con ello acredita la experiencia en la materia no es el mejor mensaje cuando ya de por sí la CAIP es cuestionada por la protección que se le da a los sujetos obligados, en particular a las dependencias del gobierno del estado”.

Por su parte, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, del Observatorio de Transparencia de la Universidad Iberoamericana (Ibero), manifestó que el proceso está viciado desde el momento en que los diputados incumplieron con la publicación de la convocatoria, bajo el argumento de que Alexandra Herrera Corona busca la reelección.