Puebla incumple con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio aprobado en 2008 ya que hasta ahora sólo lo opera de manera parcial, según lo arroja un análisis realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

Hasta octubre de 2014 únicamente Yucatán, el estado de México, Chihuahua y Morelos, han instrumentado en su totalidad la Reforma Constitucional en materia penal realizada hace seis años, según indica el informe denominado como “Reporte de hallazgos para el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México”.

En Puebla, el gobierno del estado designó a la Secretaría General de Gobierno (SGG) como el órgano rector en la implementación de la reforma.

Operan 17 entidades de manera parcial

Puebla se encuentra entre las 17 entidades que tienen una operación parcial de la reforma, conjuntamente con Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El análisis partió de cuatro principales indicadores: coordinación y flujo de información, simetría institucional, ritmos de implementación y participación ciudadana, en los cuales Puebla alcanzó un puntaje conjunto de 285.5 puntos hasta octubre de 2013, mientras que en el 2014 la calificación fue de 327.5 puntos, es decir, hubo un avance apenas de 42 puntos, mientras que estados que cumplieron con la implementación al 100 por ciento, lograron calificaciones superiores a 600 puntos.

Los avances que la entidad ha arrojado consisten en un 100 por ciento de la armonización legislativa local con la nacional, pues el 19 de marzo se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles, mismo que entró en vigor a partir del 21 de mayo, con lo que tendrá tres códigos procesales vigentes, ya que previamente contaba con dos normativas.

Por otra parte, se ha capacitado a 667 personas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), entre agentes ministeriales y policías estatales, así como a 205 empleados administrativos y 73 operativos de la Defensoría Pública.

Aunado a lo anterior, en Puebla sólo hay “esfuerzos aislados” por tener un sistema sectorial que proporcione información que permita generar una “perspectiva panorámica” del proceso de implementación de la reforma, ni una visión integral del sistema de procuración y administración de justicia.

Lo mismo ocurre en Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, que tampoco cuentan con un organismo cuya principal labor sea informar sobre los avances en la implementación de la reforma, por lo que el análisis indica que los pocos avances que tienen en este rubro “no son sistemáticos ni se garantiza su sostenibilidad en el tiempo”.

Asignación de recursos

En materia de recursos, durante 2014 se destinaron para la entidad 36.1 millones de pesos para la operación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

Mientras que para el rubro de “procuración de justicia” la entidad contó con recursos por 711.4 millones de pesos, y para la “administración de justicia”, los recursos ascendieron a 449.7 millones.

Según las cifras presentadas hasta octubre de 2014, de las 8 mil 103 personas consignadas por cometer algún delito del fuero común, fueron procesadas el 43 por ciento y sentenciadas el 57 por ciento.

En tanto que de las 602 personas consignadas por algún delito del fuero federal, el 51 por ciento fue sentenciado y el 49 por ciento procesado.