Desde 2013, el gobierno del estado mantiene suspendidas las mesas de diálogo con grupos de ejidatarios sobre la construcción del Arco Poniente, pese a que se comprometió a reanudarlas ante la Secretaría de Gobernación federal (SEGOB).

Así lo denunció el activista Abraham Cordero Calderón, quien el pasado 2 de octubre obtuvo su libertad mediante caución, después de que en abril fue encarcelado en el penal de Atlixco, presuntamente para apaciguar su oposición al proyecto.

En una entrevista que concedió a e-consulta, el también representante del Frente de Campesinos y Pequeños Ejidatarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, advirtió que la resistencia de esta agrupación a la eventual ejecución del Arco Poniente continuará pese a la detención que sufrió.

El proyecto plantea la construcción de una vialidad de 46.2 kilómetros de longitud que atravesaría los estados de México Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y conectaría al Arco Norte con la Autopista Siglo XXI, que comunica a la entidad poblana con el estado de Morelos.

Administración estatal ignoró el acuerdo

Cordero Calderón señaló que tras realizar diversas protestas, a mediados de 2013, los integrantes del Frente y el gobierno de Puebla sostuvieron una reunión en la SEGOB, donde este último se comprometió a establecer mesas de diálogo con los inconformes.

Sin embargo, la administración estatal ignoró el acuerdo, pues hasta ahora no ha establecido ningún acercamiento con los grupos de ejidatarios que se oponen al proyecto.

Señaló que esos encuentros con el gobierno del estado no son urgentes, pues los campesinos están en la postura de no aceptar la venta de sus predios, pese a que funcionarios estatales sí mantienen acercamientos con ellos para convencerlos de lo contrario.

“Estamos en asambleas permanentes y hay firmeza de defender la tierra”, remarcó Cordero, quien temió que detrás del proyecto del Arco Poniente, haya la intención de construir zonas inmobiliarias en esa zona del estado, así como de la explotación de los recursos naturales con la que esta cuenta, tales como el agua.

Según el activista social, son un total de 19 comunidades, 1 mil 20 ejidatarios y más de 12 mil jornaleros los que se verían afectados con la ejecución del proyecto.

Buscan alargar proceso penal

En este contexto, Codero Calderón recordó que el proceso penal por el que fue encarcelado aún está vigente, sin embargo, señaló que los funcionarios del Banco de Tierras que se dijeron agredidos físicamente por él, han cancelado la ratificación de su acusación en más de cuatro ocasiones, por lo que consideró que las autoridades estatales buscan alargar el tema.