La capacitación en materia de derechos de los migrantes para los policías viales de la zona de Izúcar de Matamoros fue la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del estado tras una queja presentada por un grupo de personas extranjeras que denunciaron agresiones por parte de elementos de Vialidad Estatal.

De acuerdo con las versiones recabadas por el organismo, el 3 de septiembre de 2012 elementos de esa corporación detuvieron una camioneta que circulaba a alta velocidad en la zona de Izúcar. Al momento de la detención revisaron la parte posterior del vehículo y encontraron a 12 personas.

Cuando les preguntaron cuál era su destino, notaron que su acento era diferente al de la región y que cada uno daba una respuesta diferente, por lo que les pidieron identificarse para comprobar su permanencia legal en el país.

Al carecer de documentación, los agentes viales detuvieron a los migrantes. Cuatro de éstos presentaron una queja ante la CDH, en la que denunciaban que fueron desnudados por los policías y revisados. Sin embargo, el organismo no encontró pruebas que acreditaran estos hechos. Pero sí determinó que los efectivos policíacos agraviaron a los migrantes, porque carecen de facultades legales para la detención de personas provenientes de otro país.

Si bien los quejosos se encontraban ilegalmente en el país, únicamente los funcionarios del Instituto Nacional de Migración están autorizados para interrogar y detener a quienes se encuentran en esa condición. Por lo tanto, los policías violaron el derecho de tránsito que tiene toda persona dentro del país, así como la garantía de seguridad jurídica de los migrantes, según se detalla en la recomendación número 11/12013 de la CDH.

De esta manera, la comisión solamente recomendó la capacitación para los elementos de Vialidad Estatal destacados en la región de Izúcar, a fin de que conozcan los derechos de los migrantes, además de que se gire un oficio para ordenar a los elementos a que acaten los lineamientos federales para casos similares.

También se pidió a la unidad de Asuntos Internos de la SSP estatal que se investiguen los hechos y se impongan las sanciones correspondientes.

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