José Luis Abarca notó que uno de los agentes en su interrogatorio descansó su pistola de cargo y la asentó sobre el escritorio.

Habían pasado sólo unas horas desde su detención. Era la madrugada del martes 4 de noviembre. Justo hace una semana.

El ex presidente municipal de Iguala todavía vestía la camisa azul y el saco oscuro con el que apareció en las imágenes después de que elementos de la Policía Federal y la PGR lo capturaron en una casa semiabandonada en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.

“Quíteme las esposas y me pego un tiro en la cabeza”, soltó el ex edil. Los presentes reaccionaron con incredulidad. “Déjenme una cuerda en la celda y van a ver cómo me ahorco”, prometió al instante, según me relata una fuente bien informada.

Para los especialistas, una personalidad como la del ex munícipe guerrerense nunca llegaría al suicidio. Les suena más a un ardid de quien quiere aparentar lo que no es.

Según lo que consta en el expediente al que he tenido acceso, tanto Abarca como su esposa María de los Ángeles Pineda coincidieron plena y puntualmente en sus primeras declaraciones informales frente a funcionarios realizadas por separado:

No dimos la orden de enfrentar a los estudiantes, no sabemos por qué los mataron, no sabemos qué fue lo que pasó esa noche, no tenemos idea de dónde se encuentran los jóvenes. No, no, no. Todo rechazado. Todo sincronizado.

Les preguntaron por horas, les insistieron en distintos tonos, intentaron hacerles caer en contradicciones, les advirtieron que su protectora y amiga de su hija, Noemí Berumen, sería procesada, les ofrecieron un trato para que “pusieran” a los de arriba. Pero nada.

Incluso en uno de estos interrogatorios, me confía una fuente, estuvieron presentes tres padres de familia de los estudiantes desaparecidos, quienes atestiguaron el testimonio detrás del cristal de una Cámara de Gesell, que les permitió ver sin ser vistos.

“Los Abarca tuvieron un mes para ponerse de acuerdo”, concluye uno de los involucrados en la indagatoria del caso más trágico en la historia reciente de México.

Ya en declaración ministerial, ambos se negaron a hablar. Las autoridades esperan llegar más lejos en la extracción de información a estos dos personajes clave para deslindar responsabilidades en la peor tragedia del último medio siglo en México.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, explicó que José Luis Abarca fue llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano porque contaba con varias órdenes de aprehensión. Pero su esposa no tenía ninguna. Entonces la arraigaron.

La apuesta es ahora María de los Ángeles Pineda, según la información oficial, la verdadera mandamás de la zona. El ministerio público federal tiene poco menos de cuarenta días para armarle un caso o hacerla hablar.

SACIAMORBOS. No se reportó. No se habló de ello. Pero un General del Estado Mayor Presidencial fue herido en la reyerta en la Puerta Mariana del Palacio Nacional durante el vandalismo de la noche del sábado.

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