El gobierno del estado de Puebla clasificó como reservados el monto de la sanción y el tipo de amonestación impuesta al Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por su responsabilidad en el desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan en la autopista Puebla-Atlixco, el pasado 9 de julio.

Hizo lo mismo con los nombres y cargos de los tres mandos de la dependencia que fueron destituidos, así como con las sanciones aplicadas e identidades de los seis elementos operativos que fueron detenidos por su participación en los hechos.

Además se determinó ocultar los detalles del fideicomiso creado para la reparación del daño a las víctimas de la incursión policiaca en la autopista Puebla-Atlixco.

El 18 de octubre el gobierno estatal informó a través de un comunicado que dio cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones graves a las garantías de los pobladores de Chalchihuapan, pero ocultó el detalle de las medidas aplicadas en contra de sus funcionarios.

Ponen llave a sanciones en la SSP

A través del sistema Infomex, e-consulta presentó las solicitudes de información 00421614 y 00421814, dirigidas a la Secretaría de la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), con el fin de conocer el alcance de sus actuaciones en el caso.

A la Contraloría se requirió el tipo de amonestación aplicada a Facundo Rosas Rosas, así como el monto de la multa que le fue impuesta, según lo aseguró la administración estatal.

Adicionalmente se pidió conocer el nombre de los tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron destituidos por la misma recomendación de Derechos Humanos, sus cargos y el monto de las sanciones económicas que se les aplicaron.

A la fecha sólo se conoce que uno de estos puestos corresponde a la ex subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Ramos Flores, aunque desde mediados de septiembre ya había dejado el cargo.

Además se pidió identificar a los seis elementos operativos que fueron destituidos e inhabilitados por participar en el operativo del 9 de julio en la autopista a Atlixco, precisar sus cargos en la Secretaría y el tipo de faltas por las que cada funcionario recibió una sanción de la Contraloría.

Sin embargo la dependencia se limitó a señalar que con fundamento en el artículo 33 fracción IV, V, VI, XIII y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, “la información solicitada se considera como información reservada”, sin precisar el periodo de restricción.

Sepultan detalles del fideicomiso para víctimas

La PGJ actuó de la misma forma al solicitarle la fecha de creación del Fideicomiso Público denominado “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Además se pidió el monto de recursos con que fue creado este fondo, el nombre de las personas contempladas y la cantidad de recursos estimados para cada una por concepto de reparación del daño, así como precisar el periodo en el cual los agraviados podrían reclamar los recursos.

La PGJ expuso que por acuerdo firmado por el Procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, esta información está reservada porque pone en “riesgo” a personas y se trata de documentos relacionados con persecución de delitos.

“Lo anterior, en virtud de que la información solicitada se encuentra en integración de las indagatorias que realiza esta Dependencia”.

Cabe señalar que sólo con tres horas de anticipación se citó el 17 de octubre a las personas afectadas al evento para ofrecer disculpas por parte de la administración estatal, según lo pidió la CNDH, y para iniciar los trámites de reparación del daño.

Sin embargo por la premura de la invitación ninguno de los pobladores acudió, y aun así la administración estatal dio por cumplida la recomendación que se dirigió al gobernador Rafael Moreno Valle.