Introducción

Nuestro país requiere de cambios para tener las condiciones mínimas que le permitan resolver sus complejos problemas. El país  ha venido presentando un crecimiento lento, el bienestar de la mayoría de la población se ha deteriorado, ha aumentado la inseguridad, y la violencia se ha enseñoreado a lo largo y ancho del país, el desempleo y la marginación se ha incrementado. Tal problemática tiene mucho tiempo y los sucesivos gobiernos de la nación no han logrado estructurar medidas que, al menos, detengan significativamente la tendencia, por el contrario sólo se han fortalecido los magnates, los nuevos ricos y los grandes cárteles de la delincuencia organizada profesional.

Los problemas son enormes y nuestro sistema político arroja resultados que tienden a complicar más la situación, se supone que las renovaciones de autoridades debían tender a reflejar una ineludible preocupación por resolver los retos, pues no, nuestra clase política sólo se preocupa y ocupa de mantenerse en el poder, a pesar de su evidente incapacidad estructural para continuar gobernando legítimamente, es decir resolviendo los problemas, no sólo administrando y manteniendo una tendencia inercial, en el mejor de los casos; en el peor por perversidad o ignorancia, complicando lo que ya de por sí es difícil superar.

Uno de los grandes problemas es el de la seguridad de los integrantes de la sociedad mexicana, incluidos los que hoy conforman la estructura institucional del poder, el asunto no puede limitarse en pensar que es un problema de buenos contra los malos, el tema es más complejo, muchos buenos son fieras con piel de oveja y muchos de los calificados de malos son víctimas de la persecución de los poderosos. Los primeros, en general, se pretenden ubicar como parte de los buenos, en un entramado con estas sutilezas no se puede navegar con conceptos tan simples como el de buenos y malos, tendremos que hacer un esfuerzo para refinar el instrumental metodológico y revisar los conceptos y nuestras categorías.

 Tenemos que partir de que en el entramado social la valoración tiene una estrecha relación con los intereses de los que deciden los parámetros de referencia para la taxonomía, por ello es muy importante definir: si es bueno para qué y para quién o si es malo en relación a lo mismo. En ese contexto se presentan actividades que la organización social, por medio de sus instituciones, las consideran calificadas como legales o ilegales y de acuerdo con ello las encausa. No debe olvidarse que con frecuencia se juzga los hechos en relación de los que detentan el poder, y ello se traduce en que su calificación corresponda con los intereses de los poderosos en claro soslayo de los intereses de la mayoría de los mexicanos y que cualquiera de las  actividades sea ponderada, con ese criterio, como legítima o ilegítima.

No debe olvidarse que cuando la autoridad no resuelve los problemas por limitaciones estructurales se impone la necesidad de plantear cambios profundos en la forma de ganar el poder y en la forma que se deberá ejercer el mismo. Sí partimos de que aún es posible superar los problemas con cambios que conserven lo esencial del sistema, entonces se justificará pensar, de acuerdo con lo anterior, que bastará con proceder a que él fenómeno de que se trate, se regule, controle o  prohíba.

Las primeras formas implican que se reglamente la manera en que se realizan y que se defina cómo se estructuran los instrumentos para mantenerlas en los límites permisibles.

 Las que simplemente no son socialmente aceptables se prohíben y lo que se reglamenta es la forma en que deberá castigarse a los que incurran en esas prácticas o que impulsen dichas actividades, las conductas violatorias de la prohibición se consideran como delictivas.

 Pero buena parte de las actividades y prácticas de los seres humanos más bien deben regularse, moderarse, reducirse al mínimo, no se puede pensar que su  prohibición las hará desaparecer de manera absoluta. Al contrario, puede suceder que su prohibición no afecte las dimensiones de su práctica y  si, en cambio, se haga acompañar de niveles altos de coerción y hasta de una intensa violencia.

En todos los espacios de la sociedad se plantean sugerencias para enfrentar el flagelo de las adicciones, especialmente el relacionado con las drogas, que tiene dos extremos ostensibles: el gran negocio y la salud pública; en medio de ellos se desarrollan la corrupción y el crimen. Los delincuentes dicen tener el usufructo de un monopolio, y como el estado los persigue lo convierte en un negocio de alto riesgo, lo  que hace subir el precio y por ello se logran altas ganancias. Se trata de regular su consumo y su producción, y de establecer normas para quienes las producen y distribuyen, pero también, para quienes las consumen.

Cuando se trata de regular ciertas aficiones del ser humano que practicadas con mucha intensidad pueden convertirse en dañinas tienen que regularse, para así, mantenerlas como problemas de salud pública. Tal es el caso del consumo de alcohol, tabaco, mariguana y de otras drogas. Prohibir su consumo ya nos demostró que cambia su situación de ser principalmente un problema de salud pública por un asunto de otro carácter, lo judicializa, lo transforma en delincuencial penal y subordina su naturaleza de salud pública.

 Ya el Tabaco dio su cuota y notoriamente se conoce la historia de la prohibición del  consumo y producción del alcohol. En este momento estamos viviendo la situación generada por la prohibición de la producción, distribución y consumo de drogas distintas al alcohol y al tabaco, y digo distintas a las  mencionadas porque las demás, como las prohibidas, son drogas también, significativamente perjudiciales, y estas son muchas.

 Lo primero que se tendría que hacer es cambiar la prohibición por la regulación, por parte del Estado, de  la producción y distribución de todas las drogas, así como,  la regulación de su consumo para no permitir que ninguna de ellas genere un estatus distinto al de problemas de salud pública. Regular la producción, la distribución y el consumo significaría que el estado mantendría todo ello bajo su jurisdicción y con todo bajo su control, manteniéndola como problema de salud pública, poniendo también a trabajar en el mismo sentido del control a los que fuesen beneficiados con el otorgamiento de una licencia para producir y distribuir esos productos. Lo expuesto significaría tener una instancia que exigiría, a los que quisiesen producir o distribuir las drogas distintas al alcohol y al tabaco, solicitar a la oficina correspondiente permiso para tal efecto, asumiendo los compromisos que tal actividad conlleva. Los que no hiciesen los trámites necesarios serían sancionados por la autoridad competente.

 En cuanto al consumo de las drogas se harían campañas de concientización de las consecuencias de practicar dichas aficiones y se prohibiría el desarrollo de actividades, bajo los influjos de las drogas, que impliquen la afectación de intereses de otras personas. Se haría lo mismo que se hace para las drogas de consumo legal (alcohol, tabaco y otras)

Así pensado el problema, nos permitiría ir paulatinamente apuntando hacia la solución del gran problema en que se ha convertido el asunto del manejo de las drogas. Insisto se debe volver a la situación en que se puede manejar, principalmente, como problema de salud pública.

Cambios necesarios

Si de lograr poner orden se trata, y de fortalecer al Estado Mexicano, será necesario primero conseguir diseñar un  poder democrático, sólido, plural, incluyente y unificador que armonice los avances democráticos. Para eso, lo prudente es hacer corresponder nuestro sistema político electoral, la vía para el acceso al poder; con el sistema para el ejercicio sistemático del poder desde el estado.

Por los problemas que estamos pasando los mexicanos, se requiere lograr unificar en la república los criterios para consolidar a nuestra sociedad pasando por la consolidación de nuestro Estado como el gran pacto social que es, como la síntesis del poder en el gobierno y dentro del poder de la sociedad civil, es decir del Estado, lograr estructurar un poder orientado a la discusión, el diseño de las políticas públicas y para la toma de decisiones, así como, para la supervisión de su aplicación y de manera muy importante establecerlo como el espacio donde las distintas autoridades, de todos los órdenes de gobierno, rindan cuentas para que en consecuencia en ese ámbito se dicten y apliquen las medidas correspondientes, en consonancia con la evaluación de la rendición de cuentas de que se trate. Ese es  el gran dilema.

Para conseguir el objetivo se tendría que reconsiderar la forma en que concebimos a la democracia moderna. Se tiene que reconocer que lo viable en las circunstancias actuales es estructurar una democracia indirecta representativa, que como ingredientes esenciales contenga: la tolerancia, la inclusión, la pluralidad y un criterio claro que permita la toma de decisiones democrática, me refiero a que sin excluir los consensos o las consultas de referéndum se cuente con la forma de resolver los diferendos. El criterio de última instancia, puede ser, el del criterio de la mayoría.

 Tener lo que he mencionado, anteriormente, nos plantea la pregunta: ¿quién debe decidir lo que se debe discutir y cómo llegar a estructurar las decisiones y la forma de concretar las decisiones de políticas públicas que se deberán aplicar para resolver los diversos problemas? Para contestar a esta  interrogante se tendrá que abrir un debate que culmine en la integración de instituciones que correspondan con las mencionadas exigencias. Sería necesario impulsar un proceso de  reforma a la constitución, refundar a la república con una serie de reformas constitucionales que tiendan a compatibilizar los cambios democráticos del sistema electoral, de acceso al poder estado, con las instituciones que posibilitan el funcionamiento del sistema gubernamental, es decir, tener como objetivo fundamental, lograr compatibilizar las formas democráticas de elección con la acción del estado en el ejercicio cotidiano de gobernar. Así garantizar la vida normal y próspera de los ciudadanos mexicanos, entre las que se destacaría la que se tradujese en unificar la autoridad del Estado.

 Reestructurando al gobierno en su parte ejecutiva y cambiando así a nuestra república, asumiendo que el modelo gubernamental existente, creado para una situación en donde existía un partido dominante y partidos sin posibilidades de acceder al poder, no corresponde con la situación actual. Ahora tenemos un sistema político que en su parte  electoral, de acceso al poder, define el camino para ganar el poder y cuenta con situaciones de alta competitividad política, de pluralidad y con situaciones de alternancia, y por tanto de situaciones de cambios en la conformación de la estructura de los gobiernos, que es evidentemente necesaria y se debe orientar a ser capaz de ejercer el gobierno en correspondencia con la nueva forma de acceso y de integración de los órganos que integran al poder del Estado.

Lo anterior exige la estructuración de un poder republicano que sintetice la representación ejecutiva de la república y mantenga el poder unificado de la misma, es decir, un federalismo moderno, cuyo antecedente puede ser, el más próximo, la CONAGO, que trate de conseguir  unión y suma en un colegiado a los ejecutivos de las entidades federativas y a la autoridad ejecutiva del gobierno central de la Federación, una Institución que se podría denominar como el “supremo poder Ejecutivo de la federación o de la república mexicana.” Con lo anterior, que denominaría como el nuevo Federalismo, se conseguiría que la democracia en ese órgano del estado sea representativo participativa e incluyente, que dentro de él se ejerza una actividad de democracia indirecta REPRESENTATIVA, PARTICIPATIVA E INCLUYENTE,  que no deje lugar a dudas sobre su pertinencia para que el gobierno cumpla con sus objetivos esenciales y pueda empeñar su acción a resolver los problemas de la sociedad mexicana.

 En ese entramado de instituciones sería plausible que en la asamblea del poder ejecutivo republicano el presidente se constituyese en el jefe de estado y no en el representante de una de las fuerzas del espectro político, diría que el Presidente de la República, según la Constitución, es el jefe del Estado mexicano, no sólo del gobierno central de la federación. En esa calidad, su actuación y sus palabras deberían estar por encima de las facciones, las ideologías y la coyuntura política.

Dificultades para coordinar acciones del Estado

Para ilustrar lo que se superaría podemos citar como ejemplo lo sucedido al Presidente Felipe Calderón, cuando en el afán de contrarrestar las críticas a la estrategia anti-narco, el primer mandatario lanzó desde Japón la presunción de que los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez eran parte de las pandillas criminales. Omitió así un principio básico de la democracia: la presunción de inocencia. Formado en las más prestigiadas aulas del derecho, sorprende que cometiera el mismo error apenas una semana después, en entrevista con el diario estadounidense The Washington Post al afirmar que el 90% de los ejecutados en México tenía algún vínculo delincuencial. Sabemos que no es responsable hacer esos cálculos, mencionar  tal cifra, es errático cuando ni siquiera 2% de esos crímenes han sido resueltos.

Estos excesos serían no viables, si el presidente presidiera el colegiado del poder republicano, su comportamiento sería reforzado por la autoridad del órgano supremo del estado, al mismo tiempo que garantizaría que el ejecutivo no se comportaría como representante de una de las partes de la estructura del estado, tendría que asumirse como el jefe del estado mexicano.

En ese espacio de poder republicano se tendría que discutir, decidir y vigilar la aplicación de las soluciones a los grandes problemas nacionales tales como: el combate a la delincuencia organizada; ordinaria o profesional y a la mixta (profesional-ordinaría). La reforma al modelo económico, la reforma al sistema político, la reforma fiscal y las que por su importancia en la vida del país fuese necesaria. Lo que, en ese nivel se acordase seguro que tendería a resolverse inmediatamente o de manera paulatina, según la naturaleza de la misma lo ameritase. Así se conformarían las iniciativas del ejecutivo que discutirían y acordarían, en los órganos competentes del poder legislativo del judicial. La fuerza de las iniciativas así configuradas asegurarían su factible aprobación y la segura viabilidad de su aplicación. Con eso se aseguraría la contundencia de las decisiones democráticas y, al mismo tiempo, se garantizaría la corrección de las decisiones inadecuadas de las distintas instancias de gobierno en su rama ejecutiva y por esa vía la del conjunto del poder del estado.

En el análisis se incorporan conceptos para caracterizar a la delincuencia que ayudarán a entender la problemática, la delincuencia organizada ordinaria que se caracteriza por su organización básica y su carácter temporal. La mejora de la situación de bienestar social y económica de los ciudadanos  puede disminuirla de manera significativa y  aunque es una actividad considerada como detestable, socialmente hablando, en ella se aglutina gente de escasos recursos, delinquen, en su mayoría, de manera temporal, principalmente por necesidad.

 La delincuencia organizada profesional es una actividad muy lucrativa para los que son dueños de los capitales, de la estructura organizativa con que actúan y aglutinan a los que operan directamente como gerentes de la actividad, a los que proporcionan la protección y los que se encargan de las finanzas del negocio. Para los que se emplean como asalariados la actividad es muy riesgosa y mucho menos rentable. Pero, aun así, lamentablemente, es más rentable que el trabajo lícito.

 Este concepto convierte a la delincuencia organizada profesional como aquella que en su actividad no se vincula, de manera simple y directa con las dificultades económicas, solo tendría relación significativa con la franja de los asalariados empleados en la citada actividad. Los demás son profesionales porque para eso están organizados y difícilmente encontrarán alguna área de la actividad económica tan rentable como la delincuencial que practican.

La conformación de la organización delincuencial constituye un corte completo de la sociedad, por ello es difícil combatir con estrategias simples, aun y cuando puedan  ser valientes o las únicas que se están aplicando, debe aplicarse la inteligencia y la fuerza orientadas a restituir el tejido social y a extirpar lo creado por los delincuentes profesionales. Por lo complejo del asunto afirmo que no basta el uso de la fuerza.

En ese órgano y, con los conceptos sugeridos, se discutiría la estrategia para enfrentar la situación de inseguridad y violencia que vive el país. La primera cuestión sería el acuerdo de que todos niveles de gobierno se obligarían a controlar las actividades de producción y de distribución de todos los bienes, servicios y mercancías que se ofrezcan en el territorio que les asigna la división política. Lo anterior bajo la circunstancia de que la autoridad se ejercerá bajo el mando y supervisión del poder republicano al que se subordinará la armada, ejército y los diversos cuerpos policiacos, todos ellos tendrían una estructura jerárquica que dependerá del  supremo poder republicano. El poder republicano nombraría al funcionario que presida cada uno de los cuerpos de seguridad y defensa. Ellos estructurarán los mandos en los distintos niveles.

 Una organización como la antes perfilada evitaría situaciones como aquellas en que los gobernadores, emanados de los distintos partidos políticos, se confrontaran con el presidente Felipe Calderón, por considerar imposible depurar la mitad de sus policías para mayo de 2012, tras escuchar recriminaciones del mandatario federal sobre la lentitud de estos procesos y la consecuente prolongación del apoyo de las fuerzas federales. Después de conformar a la nueva estructura republicana el nivel de coordinación y sincronización permitiría un diseño más realista de los programas y una mejor aplicación de las políticas diseñadas.

En síntesis, el aumento de la actividad delictiva parece tener dos orígenes: por una parte, la crisis económica, específicamente el aumento del desempleo; otra causa es la ineficacia institucional que se traduce en un estado de derecho débil y que estimula la conducta delictiva, agravando el malestar ciudadano, la baja evaluación del desempeño de las autoridades se traduce en un alto temor al delito. El corolario que se desprende es que si a la crisis de la economía se suma un estado de derecho frágil, evidenciado a través de la ineficacia de las instituciones que deben mantener el imperio de la ley, el panorama puede volverse más opaco aún.

Debe de pensarse que la verdadera discusión es la desaparición del viejo  régimen, que ya dura 15 años. Antes el poder presidencial se ejercía en condiciones que correspondían con el sistema político de partido dominante, casi único. Hoy corresponde el sistema presidencial a un sistema de autoridad ejecutiva colegiada que encarnaría un poder que se ejercerá en condiciones de un sistema político plural competitivo con alternancia y, por ello con bases democráticas, con ello tenderíamos a resolver el reto de hacer corresponder la estructura del ejercicio del poder con el nuevo sistema político de acceso al poder.

Dar el paso decisivo es lo que aún queda pendiente: transformar la estructura del estado para permitir una vigencia del sistema político electoral, para acceder al poder, democráticamente en correspondencia con el ejercicio de la tarea gubernamental, con el ejercicio del poder por gobiernos nombrados democráticamente, resultado de elecciones libres. En ese ámbito detallar la estructura legal de la nueva república y la dinámica que de esos cambios deberán resultar, esa es nuestra principal propuesta, que el ejercicio del poder corresponda con el avance de México y de los ciudadanos de este país.

Es urgente una profunda reforma a la estructura del estado mexicano, sin esta los problemas que deben resolver nuestros gobernantes son imposibles de superar, por lo que la modificación constitucional que cree una instancia colegiada ejecutiva republicana ayudaría a sentar las bases de una nueva y positiva era para México, el supremo poder ejecutivo republicano permitiría gobernar efectivamente con nuestro sistema democrático plural, incluyente, equitativo  y con alternancia en el gobierno, permitiendo así una democracia con un poder unido para superar los retos de todos nuestros problemas, incluidos los relacionados con el narco y la corrupción. En mi opinión, México sufre una desarmonía entre su régimen político para obtener el poder, la parte del sistema electoral, y sus instituciones estatales para el ejercicio del mismo. El primer reto es superar esa limitante, la nueva era requiere de unificar el poder en su ejercicio cotidiano con el ejercicio que posibilita la obtención del mismo, todo se tiene que hacerse siempre con un criterio democrático.

La estrategia del gobierno, presidido por el presidente Felipe Calderón, mostró su ineficacia. El gobierno mexicano decidió hace varios años declarar la guerra a las bandas de delincuentes organizados, ordinarios y profesionales, para ello ordenó que el ejército y la armada de México se constituyeran en la columna vertebral de tal proceso, a pesar de eso el fenómeno a combatir sigue operando y según algunas evaluaciones hasta se  ha fortalecido.

Pese a que el proceso de combate a la delincuencia ha consumido recursos de todo tipo, especialmente vidas humanas, la percepción de los mexicanos es que se ha logrado muy poco. Un indicador contundente de lo que mencionamos, es que a pesar de los grandes problemas económicos los ciudadanos del país se preocupan más por las secuelas que arrojan, sobre su seguridad, la guerra contra el crimen organizado. El asunto tiene su justificación en el hecho de que la violencia se presenta en lugares inesperados, por ejemplo, el 14 de marzo de 2012 el periódico El Universal informó de una balacera que hizo a jugadores de beisbol y público asistente se tuvieran que tirar al piso para evitar que fueran lastimados. Todo a la luz del día y en el estadio de los Saraperos de Saltillo.

El poder de los criminales organizados se relaciona con sus recursos por ejemplo:

 Secretaría de Hacienda señala que en el sistema financiero nacional se observa un excedente de 10 mil millones de dólares al cierre de cada año fiscal, monto que presuntamente proviene de actividades ilícitas.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión de la Cámara de Diputados, hecho a raíz de la iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, la DEA indica que en la economía mexicana hay un excedente de entre 9.2 mil y 10.2 mil millones de dólares, que al final no justifican una fuente legítima.

En el informe “Lavado de dinero: indicadores y acciones de gobierno binacionales”, se señala que el Departamento de Estado de EU calcula que los cárteles blanquean entre 8 mil a 25 mil millones de dólares al año.

El Congreso estadunidense asegura que anualmente fluyen entre 19 mil y 29 mil millones de dólares producto de ganancias ilícitas desde esa nación hacia cárteles y otras agrupaciones delictivas en territorio mexicano.

Al respecto, la DEA indica que en su país se destinan al año 65 mil millones de dólares a la compra de drogas ilegales, de los cuales las agencias federales sólo confiscan mil millones. Estima que la venta ilegal de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana, las cuales se introducen desde suelo mexicano, produce una ganancia anual de 22 mil millones de dólares.

Mientras, el Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Justicia de EU calcula que casi 39 mil millones de dólares se lavan fuera de sus fronteras, acción que desarrollan sobre todo las organizaciones criminales de Colombia y México.

Sin embargo, No Money Laundering, una organización no gubernamental estadunidense, presume que los cárteles en México obtienen ganancias de alrededor de 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que representa poco más de 59 mil 500 millones de dólares, si se considera el PIB nominal del segundo trimestre de 2011.

Los modelos de Global Financial Integrity y de la Universidad de Columbia en Nueva York proyectan que en EU las actividades criminales tienen ganancias de 196 mil 100 millones de dólares (1.3 por ciento del PIB), de los cuales 182 mil 600 millones probablemente serán lavados. Con esos recursos claro que tiene un gran poder y son difíciles de someter. Para superar los problemas resaltados es indispensable el fortalecimiento y unificación de nuestro Estado y su democratización.

Se debe aceptar la necesidad de fortalecer el estudio de la situación de violencia por la que atraviesa el país utilizando las categorías de un federalismo moderno que se funde en el reconocimiento de que el hoy llamado gobierno federal es realmente el gobierno central de la federación, que las entidades federativas en conjunto constituyen la verdadera federación y que el órgano colegiado, resultado de la reforma constitucional, que he formulado en el presente documento, será el verdadero poder federal constitucional que podrá poner orden en las competencias de autoridad en los diferentes órdenes de gobierno,  y desde allí diseñar y ejecutar las políticas que por fin resolverán rápida o paulatinamente, en algunos casos, los más complejos problemas de la sociedad mexicana por ejemplo los que se relacionan con: la seguridad, el crecimiento económico, el diseño del presupuesto, de la pobreza y la marginación, la democracia, la educación, la justicia y las demás que aquejan a nuestra patria. El presidente Enrique Peña Nieto ya ha iniciado el camino para lograr el fortalecimiento del Estado Mexicano, ha promovido la firma del Pacto por México, en ese compromiso se incluye al ejecutivo Federal y a las direcciones de los principales partidos del País. Continuar en ese sendero implicaría la conformación de una instancia de poder republicano que incluya al ejecutivo federal y a los ejecutivos de las distintas entidades federativas del país. Podría decirse que en la reforma política constitucional se concretaría lo que podría denominarse como la asamblea del Supremo poder de la República Mexicana.  Órgano colegiado que aglutinaría a los mandos ejecutivos de todo el país.

 La nueva situación dotaría al país de un estado con unidad y un enorme potencial de poder federal estatal y municipal nucleado y coordinado desde el poder federal en correspondencia con el nuevo federalismo, mismo que permitirá abordar con eficacia y eficiencia las políticas diseñadas para superar los problemas más urgentes que preocupan a la nación. No más de administrar los rezagos, se tienen que aplicar políticas que tiendan a superarlos y a lograr una mejor situación para los mexicanos. En esa circunstancia, el gobierno en todos sus niveles podrá abordar lo referente a la pobreza, a la marginación, la injusticia y la inseguridad, dejando claro que las manifestaciones de descoordinación corresponden con una falta de armonía en el trabajo de las autoridades explicado por problemas de diseño de las políticas, pero  de manera primordial por problemas políticos de unidad en ejercicio de la autoridad es decir del ejercicio y coordinación del poder. Falta unidad pero eso deberá comenzar por la jerarquización de la autoridad y el compromiso por respetar las jerarquías de autoridad que emanen de la nueva estructura del federalismo.

El país deberá fundar un instituto de inteligencia que realice un diagnóstico de la situación revisando lo que hasta el momento se tiene y realizar las reformas constitucionales que permitan la unificación de la autoridad ejecutiva en todos los niveles de gobierno, procediendo a revisar las competencias para que no se erijan en obstáculo para la unidad de la autoridad y permita la acción contundente para detener y reducir al mínimo el actuar de la delincuencia organizada, profesional y delincuencia ordinaria. Así conceptualizada, queda claro que el combate a la delincuencia profesional se mina sólo en parte, con el logro de más y mejores empleos se tendrá que entender lo nuevo relacionado con las actividades que hoy controlan los delincuentes.

La necesidad de socavar las bases de los negocios de la delincuencia profesional para desalentar la participación de la franja completa del tejido social en su estructura y conformación, se tiene que conseguir controlar y regular los negocios, hoy ilícitos, para que, sin disculpar a los delincuentes, se encause el asunto para detener su reproducción. Se tendrá que someter a los grandes dueños del negocio del crimen organizado profesional, a sus socios lavadores de dinero, a sus protectores y a la estructura que se encarga de la actividad de producción y trasiego de las drogas. Solo así se logrará detenerlos y controlarlos, logrando quedarnos con la tarea de combatir a lo existente y diseñar una estrategia para controlar y regular por esa vía los posibles desarrollos de esa actividad ilícita. Desde allí comenzar a rescatar para la sociedad la paz la tranquilidad a través del respeto a la ley.

 En ese contexto se puede iniciar la transformación de la sociedad para superar los problemas económicos, políticos y sociales que hoy tiene nuestra república mexicana. Un buen síntoma es que el nuevo gobierno federal haya tomado la precaución de diversificar la agenda pública del gobierno y orientar, por tanto, a las de los medios de comunicación para que el tema de la violencia no se magnifique haciéndolo el principal tema de la misma, eso es positivo, pero hace falta realizar las reformas constitucionales ya expresadas en este documento, que se orienten a fundar un nuevo y moderno federalismo y a fortalecer la estructura del estado mexicano. Si bien la presencia del pacto por México se encamina en ese rumbo pero es insuficiente, el Ejecutivo da la interlocución y poder a los representantes partidarios, sin tocar la estructura del régimen político del País. Eso de inmediato, presenta sus limitaciones. En tanto que la instauración del colegiado  poder republicano integraría al ejecutivo federal con los ejecutivos de las entidades federativas, se instauraría un órgano de poder republicano como expresión de una democracia indirecta de todos los mexicanos. Con esta orientación sería viable abordar lo que actualmente viene sucediendo en Michoacán, la situación exige la urgente conformación de una estructura de poder republicano fuerte y democrático.  En ese marco se podrían resolver la mayoría de los problemas que detiene el progreso del país, incluidos los que ya se han intentado resolver y que no se pueden llevar a buen puerto por las distintas expresiones de inconformidad y de resistencias. Se discutirían, y seguro que la solución sería mejor y, sobre todo, viable. Lo que está pendiente se resolvería de mejor manera y con un marco que permitirá la seguridad de tomar en cuenta las distintas opiniones al respecto en discusiones ponderadas por la vigencia de un sistema de democracia indirecta, incluyente, plural y electoralmente representativa.