Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) condenaron la simulación del complimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y afirmaron que la usaron como distractor para preparar una “nueva embestida represiva contra habitantes de Chalchihuapan”.

Los integrantes de la fuerza política subrayaron que el gobernador Rafael Moreno Valle pretende infundir miedo y temor entre los poblanos y afirmaron que los operativos violentos contra la población de San Bernardino Chalchihuapan no van a cesar hasta que detengan al presidente de la junta auxiliar, Javier Montes Bautista.

Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos y Sociales, y Pedro Hernández López del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, repudiaron públicamente el operativo para detener a cinco pobladores ayer por la madrugada en la junta auxiliar.

“Medio centenar de policías ministeriales vestidos de civiles fueron guiados por un hombre encapuchado que señalaba los domicilios a invadir, rompieron puertas, destruyeron cercas y destrozaron las casas de Raúl Contreras Montes, Vicente Ambrosio Juárez Varela, Fausto Montes García, Florentino Tamayo Ponce y Álvaro García Xelhua”, relató Figueroa.

Apenas unas horas antes del operativo llevado a cabo sin mostrar órdenes de aprehensión o cateo, funcionarios  de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía General Jurídica de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito se habían presentado en Chalchihuapan con el objeto de invitar a sus pobladores a una ceremonia de reconciliación que se celebraría en el Salón Oriente del Centro de Convenciones Puebla.

Oficialmente se comunicaba que se había creado un fideicomiso para reparar el daño a las víctimas y sus familiares directos, con motivo de los actos represivos del 9 de julio del presente año.

“Es indigno. ¿Por qué en la madrugada realizar los arrestos?, ¿Por qué la violencia?, ¿Por qué golpear de este modo a una población ya vulnerada?, ¿Por qué dejar esa imagen en niños que atestiguaron la detención de sus padres, y golpear a los que se atrevieron a evitar el arresto?, ¿Es un acto digno de un gobernador?”, cuestionaron.

Dado el clima de terror —narraron Figueroa y Hernández— los familiares reunidos en el zócalo se sintieron aliviados de saber que los detenidos estaban en el Centro de Readaptación Social (Cereso), pues temían una situación similar a ocurrida en Ayotzinapa. “Esos son los niveles que estamos alcanzando”, dijeron.

De acuerdo con cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos, con los nuevos 5 detenidos, el gobierno de Moreno Valle suma en su haber “a más de 40 presos políticos”.

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