El gobernador Alejandro Armenta Mier remitió al Congreso de Puebla una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa tiene como propósito central modificar y robustecer el objeto, funcionamiento y alcance institucional de esta casa de estudios, elevando su nivel competitivo y de servicio comunitario.

La iniciativa pretende facultar legalmente a la institución para ofertar e impartir programas de tipo medio superior orientados al área médica, sumándose a la educación superior que ya brinda de forma regular.

Con esta adición, se busca captar el interés vocacional de los alumnos de preparatoria o bachillerato técnico, permitiéndoles insertarse tempranamente en el mercado laboral o continuar estudios profesionales con un sólido perfil ético y de bioética social.

Asimismo, el documento establece rigurosamente que la máxima autoridad interna que se hará cargo del rumbo de la institución será su Consejo Directivo, cuyos cargos se mantendrán estrictamente bajo un carácter honorífico sin percibir retribución o emolumento alguno.

Este cuerpo colegiado de gobierno será presidido o suplido en sus funciones por la persona titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, quien mantendrá la conducción estratégica y el diseño normativo general del plantel.

Por otra parte, la conducción ejecutiva y el liderazgo de la universidad recaerán de manera directa en la persona titular de la Rectoría, la cual coordinará los esfuerzos institucionales junto a una estructura administrativa validada. Dicho aparato de apoyo estará sujeto en todo momento a los dictámenes técnicos de suficiencia presupuestal y registro formal emitidos de manera oficial por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado.

Respecto a los requisitos exigidos para ocupar el cargo de la Rectoría, la presente iniciativa determina que estos continuarán rigiéndose de forma estricta por los lineamientos generales dispuestos en la Ley de Educación Superior del Estado, remitiendo a los estatutos orgánicos internos. Esto garantiza que quien encabece la gestión cumpla cabalmente con la idoneidad académica, moral y profesional que demanda un organismo sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.

Finalmente, el ordenamiento normativo propuesto introduce un fortalecimiento en los esquemas de fiscalización y transparencia a través de la formalización de un Órgano Interno de Control especializado en la materia. El titular de esta dependencia fiscalizadora será designado de forma directa por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, asegurando la vigilancia y la correcta aplicación de los recursos públicos otorgados. (MCJ)