¿Qué es la democracia? La respuesta parece sencilla: es el sistema de gobierno en el que el pueblo ejerce su soberanía a través de instituciones y de sus representantes. En una democracia, los ciudadanos no gobiernan de manera directa; para ello existe un sistema de representación política que integra a diputadas, diputados, senadores y demás autoridades encargadas de tomar las decisiones que marcarán el rumbo del país.

Al menos así debería funcionar. Pero... ¿seguimos viviendo bajo ese principio?

La democracia también significa respetar las instituciones, garantizar la división de poderes y permitir que quienes fueron electos ejerzan las atribuciones que la Constitución les confiere.

Puede parecer una afirmación obvia, pero en los últimos meses ha sido necesario recordarla una y otra vez. Poco a poco han comenzado a normalizar que muchas de las grandes decisiones públicas ya no surjan del debate entre los representantes populares, sino que parezcan venir determinadas desde otros poderes del Estado. Y cuando eso ocurre, vale la pena preguntarnos si el equilibrio constitucional sigue funcionando como fue concebido.

Por eso existe el Poder Legislativo. Su tarea no es sencilla ni mucho menos decorativa. Los diputados representan distintas regiones, distintas formas de pensar y distintos sectores de la sociedad. En los congresos se confrontan ideas, se escuchan especialistas, se reciben opiniones de ciudadanos y organizaciones, se analizan las consecuencias de una reforma y, finalmente, se decide si una iniciativa debe aprobarse, modificarse o incluso rechazarse.

El debate que hoy vive Puebla sobre las llamadas "infancias trans". No es únicamente una discusión sobre identidad de género. Quien lo reduzca a eso está viendo solamente una parte del problema. El verdadero fondo del asunto es otro: ¿quién debe decidir el contenido de nuestras leyes?

Esa reflexión cobra importancia porque, el Congreso del Estado de Puebla recibió un mandato derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 73/2021, la Corte determinó que existía una omisión legislativa respecto del reconocimiento de la identidad de género de personas menores de edad y ordenó al Congreso emitir la legislación correspondiente dentro de un plazo determinado. Jurídicamente, la resolución busca atender una omisión que la Corte consideró contraria al marco constitucional. Sin embargo, abrió un debate sobre los alcances de esa intervención y sobre el espacio que conserva el Poder Legislativo para deliberar y construir el contenido de las leyes.

Y entonces vale la pena preguntarnos: ¿hasta dónde llega la obligación de cumplir una sentencia y dónde comienza la libertad del Congreso para debatir? ¿Puede existir una verdadera deliberación parlamentaria cuando el tiempo el cómo, quiénes, pasos, procedimientos, mínimos, máximos y el tema ya fueron fijados? ¿Estamos fortaleciendo el equilibrio entre poderes o modificando la forma en que entendemos nuestra democracia?

La Constitución diseñó un sistema de pesos y contrapesos. Los jueces interpretan la ley. Los congresos legislan. El Ejecutivo gobierna. Esa división no es un capricho; es la garantía de que ningún poder concentre facultades que no le corresponden.

Cuando esas fronteras comienzan a desvanecer, el equilibrio democrático también empieza a romperse.

Es cierto que la Suprema Corte tiene la enorme responsabilidad de proteger los derechos humanos y corregir aquellas omisiones que puedan resultar contrarias a la Constitución. Esa función es indispensable en un Estado de derecho. Pero también es cierto que corresponde a los congresos deliberar, escuchar a la sociedad y construir las normas que regirán la convivencia.

Por eso resulta preocupante que un asunto de enorme trascendencia social termine convirtiéndose en una carrera contra el reloj para cumplir un plazo judicial, cuando lo que merece es un debate serio, amplio y completamente responsable.

Las decisiones que involucran a niñas, niños y adolescentes no pueden tomarse bajo presión, mucho menos cuando existen posturas científicas, jurídicas, médicas, psicológicas y sociales que aún generan un amplio debate en distintos países del mundo.

Escuchar no significa discriminar. Deliberar no significa negar derechos. Analizar con responsabilidad tampoco equivale a retrasar la justicia. Significa, simplemente, cumplir con la responsabilidad constitucional que corresponde al Poder Legislativo.

No se trata de negar la importancia del Poder Judicial ni de desconocer su papel tan importante como garante de la Constitución. Se trata de defender un principio que ha sostenido a las democracias modernas durante siglos: el equilibrio entre los poderes públicos.

Porque hoy el tema puede ser la niñez trans. Mañana podría ser cualquier otro. Lo verdaderamente importante es preguntarnos si queremos congresos que deliberen con libertad o congresos que únicamente formalicen decisiones previamente encaminadas. Si dejamos de respetar ese equilibrio, ¿seguiremos fortaleciendo nuestra democracia o estaremos construyendo un sistema donde unos deciden y otros simplemente obedecen?

La fortaleza de una democracia no se mide por la rapidez con la que se aprueban las leyes, sino por la legitimidad con la que se construyen. Cuando las instituciones respetan sus atribuciones y los poderes actúan dentro del ámbito que la Constitución les confiere, gana el Estado de derecho y gana la ciudadanía. Porque las mejores decisiones no son las que se toman con prisa o bajo presión, sino aquellas que nacen del diálogo, de la deliberación y del auténtico mandato popular.

Defender la autonomía del Poder Legislativo no significa confrontar a otros poderes del Estado, sino preservar el equilibrio que sostiene a nuestra República. Al final, las leyes que perduran son aquellas que convencen a la sociedad, no las que simplemente logran aprobarse.