Apenas se llevó a cabo un ensayo del examen de admisión para el ciclo escolar 2026-2027 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Las irregularidades y problemas fueron múltiples.

Resulta que ahora, después de al menos diez años de que la universidad se ocupó de aplicarlo, echando mano de sus propios recursos académicos y tecnológicos, este año el examen es aplicado por el CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación de Educación Superior.

Esta situación es la misma que vivimos cuando el examen de admisión lo aplicaba el College Board. Fue hasta que venció el contrato firmado con esta organización que la universidad se hizo cargo de aplicar este examen que nunca se había aplicado para que los aspirantes a cualquier licenciatura ingresaran a la universidad.

Las razones que podemos ofrecer en contra de que no sólo se aplique un examen de admisión, sino que además lo aplique un organismo privado como el CENEVAL, son muchas, pero aclararé las más importantes.

En primer lugar, no tiene por qué haber un examen de admisión porque la educación es un derecho por mucho que las mismas autoridades de todos los niveles le llamen un “servicio”.

En segundo lugar, la universidad cuenta con la capacidad académica, administrativa y tecnológica para aplicar este tipo de examen, un examen de habilidades relativo al manejo de dos tipos de lenguaje, el natural y el matemático. En otras palabras, lo que se evalúa es la habilidad de leer y escribir y la habilidad de resolver problemas planteados cuantitativamente.

Ustedes dirán que está muy bien que se evalúen estas habilidades básicas que, sin duda, son indispensables para cursar cualquier licenciatura que se elija. De aquí que sea un examen “parejo” para todos los aspirantes.

Sin embargo, no es así. Este examen simplemente va a reflejar la enorme desigualdad prevaleciente entre las y los jóvenes que tienen el derecho constitucional a la educación. Obviamente el resultado del examen confirmará en qué escalón de la escalera socioeconómica se encuentra el(la) aspirante.

Cada vez que se aplica este examen como único criterio para admitir a los(as) alumnos(as) se pierde la oportunidad de emparejar verdaderamente la “cancha”, como le dicen los especialistas en el tema de la movilidad social. La educación es una de las herramientas poderosas para proporcionar a quien estudia la oportunidad de mejorar su situación económica y social.

¿Qué hacer entonces, mientras el sistema público de educación no tenga la cobertura total de la demanda? Paliar la desigualdad introduciendo tantos cursos propedéuticos como licenciaturas se ofrezcan, de tal manera que el examen de admisión verse sobre este curso que introducirá al alumno a los fundamentos teóricos y metodológicos de la disciplina que al alumno le interesa cultivar y en la cual se quiere profesionalizar.

Pero un examen de admisión aplicado por parte de un organismo externo tiene más inconvenientes que el mero tipo de examen estandarizado.

¿Cómo se explican que después de diez años, o casi, que la BUAP ha formado un equipo especializado en el diseño y aplicación del examen, ahora entregue esta trascendente tarea a una organización “sin afán de lucro”?

No es lo mismo tener el examen del CENEVAL como opción de titulación para las licenciaturas, que tenerlo para decidir el destino de las y los alumnos. Esto viola flagrantemente una de las formas más elementales de ejercer la autonomía de la universidad, responsable de establecer los planes y programas de estudios con los que claramente se empata el examen de admisión.

Otro inconveniente, que no es menor, es el gasto que genera la contratación de este servicio. ¿Para qué desperdiciar los recursos de la universidad en una actividad para la cual está esencialmente calificada? ¿A quién beneficia esto? A los alumnos y padres de familia, NO. Tendría que haber otras razones que justificaran este gasto, y mientras no las den, resulta irracional.

Sin duda, el mayor inconveniente que muestra de cuerpo entero la enorme desigualdad prevaleciente es el equipo tecnológico con el que el alumno debe contar para tener la mera oportunidad de presentar el examen. Si no lo tiene, simplemente no lo puede siquiera intentar.

La tecnología debería estar al servicio de la sociedad, y no de algunos. Al menos esa es justamente una de las funciones de la universidad: educar para hacer posible el acceso a todos los miembros de nuestra comunidad a los beneficios de la ciencia y el desarrollo. Y aquí es lo contrario totalmente. Estos beneficios sólo los tienen los que están en el escalón social al que llegan.

Lo mínimo que la BUAP está obligada a hacer es todo lo que esté a su alcance para eliminar esta desigualdad y construir una verdadera oportunidad de estudiar para las y los jóvenes que tocan a sus puertas. Una oportunidad que podría ser la única para mejorar su situación económica y social.