Habitantes de la comunidad de Tlacomulco, perteneciente al municipio de Huauchinango, decidieron en asamblea general exigir el pago de más de 70 mil pesos y aplicar multas económicas a dos exintegrantes de la inspección auxiliar, luego de señalamientos por la desaparición de recursos comunitarios que habrían quedado bajo resguardo tras la muerte del inspector Gorgonio Cuautenco Vargas.

De acuerdo con testimonios recabados durante la reunión comunitaria, el conflicto se originó luego de que la autoridad auxiliar —ya fallecida— administrara recursos obtenidos por cuotas tradicionales que la comunidad cobra a quienes se integran al padrón local o alcanzan la mayoría de edad.

Según la versión expuesta por presidentes de barrio, en Tlacomulco existe la costumbre de cobrar 5 mil 500 pesos a quienes se registran en el padrón comunitario y mil pesos anuales a los ciudadanos mayores de edad.

Parte de esos recursos, presuntamente superiores a los 100 mil pesos, habrían quedado pendientes de transparentar antes del fallecimiento del inspector.

Durante la reunión, representantes comunitarios señalaron que antes de morir, el inspector habría realizado algunas compras relacionadas con necesidades del pueblo, por lo que el monto restante rondaría los 90 mil pesos.

Sin embargo, tras su fallecimiento comenzaron las sospechas sobre el destino del dinero.

La tensión escaló cuando familiares del exinspector declararon ante la asamblea que desconocían el paradero de los recursos.

La viuda aseguró no tener información sobre el dinero y relató que, cuando el inspector se encontraba agonizando, su hija observó salir del domicilio a Eleazar Amador Vera y Alonso Francisco Ortiz, quienes presuntamente ya llevaban consigo la vara de mando, el sello oficial y el libro de registros de la comunidad.

"¿Quién no piensa que ellos se llevaron el dinero?", cuestionaron algunos asistentes durante la reunión.

A ello se sumó el hallazgo de un teléfono celular en el que, supuestamente, existían mensajes donde se hacía referencia a que la viuda no se daría cuenta de lo ocurrido, situación que provocó indignación entre los habitantes de Tlacomulco.

La asamblea comunitaria determinó responsabilizar a Alonso Francisco Ortiz y Eleazar Amador Vera del pago de los recursos faltantes.

Aunque ambos negaron inicialmente cualquier responsabilidad, finalmente aceptaron cubrir el monto en partes iguales en un plazo de dos meses: aproximadamente 70 mil pesos en total, más una multa individual de 10 mil pesos.

Inicialmente, algunos pobladores plantearon expulsarlos de la comunidad; sin embargo, tras negociaciones entre presidentes de barrio y habitantes, se optó por sanciones económicas y la separación de ambos de sus cargos comunitarios.

En la misma reunión, pobladores señalaron a Edgar Vargas, actual director de Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de Huauchinango, por su presunta participación en el conflicto.

Los habitantes cuestionaron que, pese a ocupar un cargo público orientado a la representación de las comunidades indígenas, estuviera involucrado en un escándalo relacionado con la desaparición de recursos comunitarios.

Además, reprocharon que desempeñara simultáneamente funciones como segundo inspector de Tlacomulco, lo que para muchos representó un evidente conflicto de intereses.

Aunque no fue obligado a pagar parte del dinero faltante, su nombre quedó expuesto en las acusaciones y bajo el señalamiento público de quienes exigieron esclarecer su papel en los presuntos actos de robo.

Finalmente, la asamblea determinó remover a los involucrados de sus cargos y nombrar una autoridad interina mientras continúa el proceso comunitario para esclarecer el destino de los recursos. (KR)