La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que la solicitud con fines de extradición para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, debe sujetarse a las leyes mexicanas.

El despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners (LBR) señaló que la FGR y SRE están violando el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos al ignorar sus mecanismos y señalar públicamente que la solicitud emitida por la Corte de Nueva York sólo procederá bajo el estándar legal de México.

De acuerdo con la firma, el Tratado no exige la presentación de pruebas completas como lo refirió la SRE en comunicado, simplemente exige la presentación de una acusación formal y un plazo para entregar la documentación complementaria.

Violación al Tratado de Extradición

De acuerdo con lo referido por LBR, bajo el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, una orden de detención provisional requiere la existencia de una acusación y el compromiso para proporcionar evidencia en un plazo de 60 días.

Sin embargo, la firma señala que la falta de pruebas argumentada por parte del gobierno federal se trataría de una estrategia para ganar tiempo mientras se revisa la solicitud antes de autorizar las detenciones.

De la misma forma la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el proceso contra los 10 funcionarios de Sinaloa debe apegarse el marco nacional, mientras el gobernador Rubén Rocha Moya acusó que los señalamientos en su contra se tratan de una injerencia contra Morena.

La detención provisional

El artículo 11 del Tratado de Extradición establece que en caso de urgencia cualquiera de las partes puede solicitar la detención provisional de una persona acusada o sentenciada.

La misma solicitud debe incluir la expresión del delito por la que se solicita la extradición, los nombres y una declaración de la existencia de una orden de aprehensión o una sentencia condenatoria.

Con información de Proceso (MCJ)