Señalamientos por presuntos cobros desproporcionados y condicionamiento de trámites han generado controversia en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatlán (SOSAPAZ), luego de que ciudadanos reportaran pagos elevados para acceder a gestiones básicas.

De acuerdo con los inconformes, además de enfrentar procesos lentos y atención deficiente, los cobros se aplican incluso en predios donde no existe infraestructura de agua potable o drenaje, lo que genera dudas sobre la legalidad y justificación técnica de dichos cargos.

Testimonios recabados refieren que las cantidades solicitadas varían considerablemente. “Nos piden 83 mil, 200 mil pesos o más, aun cuando no hay posibilidad de conexión”, señalaron usuarios, quienes cuestionan que los pagos no garanticen el acceso a los servicios básicos.

Un documento oficial del organismo exhibe un caso en el barrio de Ayehualulco, donde se fijó un adeudo de 85 mil 355.59 pesos por concepto de factibilidad, pese a que el trámite solicitado correspondía a una constancia de no servicios. La resolución fue condicionada al pago, sin contemplar instalación de infraestructura.

Asimismo, indicaron que el cobro por concepto de factibilidad debe sustentarse en la existencia de viabilidad técnica real; de lo contrario, la autoridad puede emitir una negativa sin imponer cargos elevados. Además, se advierte una posible interpretación incorrecta de la Ley del Agua, así como una eventual invasión de competencias en áreas como Desarrollo Urbano y Catastro.

Tras la difusión del caso, vecinos manifestaron inconformidad en redes sociales, donde relataron experiencias similares.

Entre ellas, destaca el señalamiento de un usuario a quien se le pretendía cobrar 70 mil pesos por la reubicación de un drenaje dentro de su propiedad, además de otro caso donde, tras un año de gestiones, se otorgó el servicio pero se exigió un pago adicional de hasta 200 mil pesos para modificar la infraestructura existente.

Ante este panorama, los afectados anunciaron que interpondrán quejas formales ante organismos de derechos humanos y autoridades competentes, además de analizar posibles acciones colectivas para frenar lo que consideran prácticas indebidas dentro del organismo operador. (KR)