Durante 2024 el estado de Puebla se colocó entre las entidades con mayor número de denuncias por incumplimiento de obligaciones de servidores públicos, al registrar mil 711 casos, una cifra que ubicó al estado en el quinto lugar a nivel nacional.

A nivel país el Estado de México concentró 12 mil 667 denuncias, seguido de Baja California, con 2 mil 350; Nuevo León, con 2 mil 288; Hidalgo, con mil 712; y Puebla, con mil 711.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el censo nacional de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales, aunque el volumen de denuncias contra servidores públicos en Puebla fue alto, sólo una parte logró avanzar en los procesos administrativos.

Pocos procesos administrativos

De los mil 711 casos registrados, 557 fueron considerados procedentes, lo que representa alrededor del 32.5 por ciento del total; en contraste 423 denuncias equivalentes al 24.7 por ciento, fueron clasificadas como improcedentes, mientras que 12 casos se determinaron como incompetentes.

A la par 569 expedientes, permanecieron pendientes de atención al cierre del periodo y otros 150 casos quedaron en diferentes estatus.

Sanciones: una fracción menor

Del total de denuncias, únicamente 137 derivaron en sanciones contra personas servidoras públicas, lo que equivale a cerca del 8 por ciento de las denuncias contra servidores públicos.

Entre las medidas aplicadas las amonestaciones públicas concentraron el mayor número con 59 casos (43.1 por ciento de las sanciones), seguidas de 23 amonestaciones privadas.

También se registraron 10 suspensiones del empleo, cargo o comisión (7.3 por ciento), tres destituciones (2.2 por ciento), 28 inhabilitaciones (20.4 por ciento) y 14 sanciones de otro tipo (10.2 por ciento).

Casos que escalan a lo penal

Además de las sanciones administrativas, algunos casos fueron turnados al Ministerio Público; en total, 15 personas servidoras públicas fueron denunciadas penalmente.

Entre los señalamientos se encuentran abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias.

Aunque Puebla mantiene un número elevado de denuncias contra servidores públicos, solo una parte de ellas logra avanzar hacia sanciones o procesos penales. (MCJ)