Locatarios del mercado San Diego Manzanilla, en la junta auxiliar de la Resurrección, denunciaron que fueron desalojados y golpeados por integrantes de la agrupación Antorcha Campesina. Los comerciantes precisaron que el ataque fue presenciado por policías municipales y que los uniformados se limitaron a observar la agresión.

“Hago responsable al presidente Antonio Gali Fayad y al secretario de Gobernación Municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría, de la seguridad y la vida de los integrantes de las familias de locatarios”, acusó Javier Gómez Santiago, líder de los comerciantes que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según su propio testimonio,  luego de la golpiza que sufrió a manos de integrantes de Antorcha Campesina.

“Pese a nuestras denuncias del conflicto desde el mes de marzo ante la dirección de Desarrollo Político del ayuntamiento, fuimos ignorados”, dijo la comerciante María de la Luz Rodríguez.

En tanto, Bernarda López Gutiérrez detalló que elementos de la policía municipal a bordo de las patrullas 102 y 104 grabaron el incidente sin intervenir, pese que las mujeres golpeadas solicitaron su auxilio.

Pleito añejo

Aseveraron que la toma del inmueble del mercado y las pertenencias de los vendedores —refrigeradores, comales, alacenas, vitrinas, exhibidores— fue autorizada por el secretario de Gobernación, Guillermo Aréchiga, quien, según los comerciantes, habría girado instrucciones para que los afectados fueran a las oficinas de gobierno “y pasaran por su indemnización”.

De acuerdo con los vendedores, el mercado está instalado en un predio de dos hectáreas que fue comprado por ellos, pero que será convertido en una unidad habitacional.

El líder de los comerciantes reveló que en su momento le ofrecieron casas y dinero si sacaba a sus compañeros locatarios, pero que ante su negativa empezó el hostigamiento y violencia de Antorcha Campesina.

Marco de impunidad

El abogado Alejandro Castillo señaló que la agrupación actúa en un marco de impunidad que sólo es posible con la complicidad y colusión de las autoridades.

“Actúan como una pandilla de mafiosos. Las autoridades sabían de la gravedad de las amenazas y de la escalada de violencia que sufrían los comerciantes. Hubo casas baleadas pero las autoridades no intervinieron. Sabemos de la ineptitud, pero esto es una complicidad inaceptable”, asentó.

Alejandro Castillo aseguró que en Puebla podrían reunirse un sinnúmero de casos de abusos y despojos en los 40 años de existencia de Antorcha Campesina, y convocó a los afectados a documentar las afrentas.

De acuerdo con el abogado, los hechos quedaron asentados en el expediente 5274-2014/OTE en la Procuraduría General de Justicia.