La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este 2026 su iniciativa de reforma electoral para modificar el sistema de votaciones y elecciones mexicano, iniciativa que se convirtió en su primer revés legislativo.

El proyecto que presentaron en el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de marzo no contó con el respaldo de los partidos aliados de Morena —Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— que se rehusaron a votar para aprobarla, por lo que el Ejecutivo presentó el Plan B del proyecto.

La configuración del sistema electoral que rige comenzó tras las votaciones de 1988, cuando se denunció fraude en las votaciones presidenciales por del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a favor de su candidato Carlos Salinas de Gortari, lo que derivó en legislaciones para generar contrapesos y regulaciones al sistema.

En 1990 se formó el Instituto Federal Electoral (IFE) y un padrón electoral que formó las bases para la emisión de la credencial de elector que corrobora la identidad del votante, lo que marcó un precedente para el sistema de elecciones contemporáneo.

Las reformas electorales en México

La reforma electoral de 1996

Con los cimientos de un nuevo sistema electoral en 1990 y la puesta en práctica a través de las votaciones de 1994, la reforma electoral de 1996 conformó el Tribunal Electoral de la Federación para atender y procesar las infracciones de materia electoral por parte de los contendientes, partidos y particulares.

Se estableció la autonomía institucional del IFE, que impide la injerencia del Ejecutivo en las votaciones; el organismo lo dirigía un consejo individual, sin militantes de partidos políticos, elegidos por la Cámara de Diputados.

Impuso la financiación pública de partidos para mantener equidad entre afiliaciones, sin importar el capital de sus integrantes.

La reforma electoral de 2007

Esta reforma electoral se planteó luego de las elecciones de 2006, que evidenciaron —acorde con información del Congreso— los vacíos en materia de representación y acceso a medios para propaganda electoral.

Dicha legislación prohibió la compra de servicios de propaganda en medios de comunicación y estableció un tiempo de 41 minutos diarios a lo largo de la emisión de radio y televisión para que, en conjunto, los partidos transmitan su publicidad.

Redujeron a la mitad el presupuesto para las campañas en año de votación presidencial y en 40 por ciento el de elecciones intermedias y se estableció el silenciamiento de la publicidad gubernamental durante el periodo de campaña.

La reforma prohibió el financiamiento extranjero, de corporaciones u órganos Estatales, que no sean la comisión responsable de organizar las elecciones.

La reforma electoral de 2014

Se estableció previa a los comicios de 2015. Disolvió el IFE y creó el Instituto Nacional del Estado (INE), órgano que heredó la función de organizar y seguir los comicios.

El INE también es responsable de la fiscalización de campañas y se facultó para dar seguimiento a infracciones electorales en cuanto al acceso irregular a medios de comunicación. Puede generar carpetas de investigación para complementar el proceso que lleve el Tribunal Electoral.

La reforma electoral también estipuló las condiciones para la reelección de legisladores y permitió a senadores federales ser electos dos veces y a diputados hasta cuatro periodos, que les permite permanecer en 12 años seguidos en el cargo.

También brindó la chance de formar alianzas o coaliciones entre partidos, siempre y cuando exista un previo acuerdo entre partidos y aprobación del Senado.

La fallida reforma de 2026

La reforma electoral de 2026 o el Decálogo por la democracia, como lo presentó la presidenta Sheinbaum, quedó suspendida en la Cámara de Diputados, tras su rechazo en sesión del Congreso.

Entre las modificaciones que planteó la reforma electoral de Sheinbaum estaba la reducción de puestos plurinominales en el Senado y la eliminación de las listas de partidos para imponerlos, lo que causó rechazo de los partidos ajenos a Morena, argumentaron de esto no generaría participación política equitativa.

Otro punto de la reforma fue la reducción presupuestaria para el INE, que, aun con la reducción, tendría que mantener la totalidad de sus operaciones.

También se planteó la reducción de legisladores y regidores locales, además del recorte financiero para los sueldos de estos funcionarios.

Con información del Senado de México y el Instituto Nacional Electoral (JRLM)