Los diputados del Congreso de Puebla aprobaron reforzar sanciones contra quien cometa despojo de propiedad, la sanción para aquel que realice esta acción tendrá una pena de entre 12 y 20 años de cárcel.

La iniciativa la hizo el gobernador Alejandro Armenta Mier, e incluyó propuestas de diversos diputados como los oficialistas Andrés Villegas, de Morena, y la diputada del Partido Verde, Beatriz Manrique, entre otros.

Serán sancionados quienes sean declarados culpables de despojo de propiedad, cuando realicen retiros de propiedades, bienes inmuebles o invadan predios o realicen procedimientos ilegales para la venta de dichos espacios.

Los diputados del Congreso de Puebla señalaron la iniciativa del gobernador Armenta que aprobaron va a proteger el derecho y propiedad de los poblanos.

Al respecto del despojo de propiedad, se detalló que en 2026 la Fiscalía General del Estado registró 861 denuncias por el tema.

Así se sancionará el despojo de propiedad en Puebla

La aprobación de hoy en el Congreso de Puebla contempla penas de seis a 12 años de prisión para quien cometan despojo de propiedad, además de multas que van de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Las sanciones se aplicarán cuando la invasión la cometan cinco o más personas, particularmente si ocurre en zonas declaradas como áreas naturales protegidas.

Se considera agravante cuando el delito sea en perjuicio de grupos en riesgo de vulnerabilidad, como infancias, adolescentes, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o integrantes de pueblos indígenas.

También cuando participe un servidor público, que se valga de su cargo o comisión, cuando simulen actos de autoridad, o se inscriba un documento en el Registro Público de la Propiedad para aparentar un derecho sobre un inmueble.

La norma sobre el despojo de propiedad menciona que habrá penas de siete a 15 años de prisión para quienes financien, organicen o dirijan la invasión de una propiedad o bien inmueble.

La pena incrementa hasta una tercera parte cuando el delito tenga como propósito la comercialización ilegal de la tierra, lo que podría llevar la sanción hasta 20 años de prisión.

(JRLM)