Las quejas ciudadanas contra los operativos implementados por la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Huauchinango continúan creciendo, particularmente entre motociclistas.

Los conductores denunciaron el aseguramiento de sus unidades como medida automática, aun cuando las faltas cometidas son de carácter administrativo y no representan un riesgo inmediato para la seguridad vial.

De acuerdo con los afectados, los operativos se han convertido en un mecanismo que deriva en costos excesivos por arrastre y corralón.

 En #Huauchinango, motociclistas acusan que operativos aseguran sus unidades por faltas administrativas, pese a que el reglamento municipal no lo justifica. pic.twitter.com/2MV4ZRenNf

— Periódico e-consulta (@e_consulta) February 10, 2026

La situación ha sido interpretada como una acción desproporcionada y con fines recaudatorios, más que preventiva.

Ante estos señalamientos, el director de Tránsito y Vialidad Municipal, Edgar Sánchez Valencia, rechazó que exista abuso de autoridad.

Durante una entrevista, el funcionario afirmó que, cuando un motociclista no cuenta con licencia, placas o tarjeta de circulación, “la única alternativa” para garantizar el pago de la infracción es asegurar el vehículo, negando que se trate de un esquema recaudatorio.

Sánchez Valencia calificó como “negligencia de la ciudadanía” la falta de regularización.

Argumentó que el Gobierno del Estado ha otorgado facilidades para la expedición de licencias y la condonación de recargos, por lo que sostuvo, no hay justificación para circular sin documentos.

No obstante, una revisión del Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito del Municipio de Huauchinango, vigente desde 2006, evidencia contradicciones directas con las declaraciones del funcionario.

En los artículos 106 y 107, el reglamento establece que las medidas de seguridad pueden incluir la retención de documentos y la inmovilización del vehículo.

No obstante, el retiro de la circulación y el aseguramiento solo proceden en supuestos específicos y delimitados, como cuando el vehículo obstruye la vía, representa un riesgo o cuando la multa supera el equivalente a diez días de salario mínimo.

Es decir, el reglamento no contempla el aseguramiento del vehículo como una medida general para garantizar el pago de multas, ni como la “única alternativa”, como afirmó el director de Tránsito.

Esta interpretación fue respaldada por la opinión de un abogado consultado, quien consideró que las declaraciones del funcionario no se apegan al marco normativo vigente.

El especialista explicó que el reglamento municipal contempla el retiro de circulación solo en tres supuestos concretos: cuando el vehículo está mal estacionado, cuando obstruye el paso o cuando se encuentra en condiciones específicas previamente señaladas.

En ningún caso establece el aseguramiento del vehículo como mecanismo para garantizar el pago de una infracción.

El abogado añadió que el reglamento de Huauchinango es antiguo, con más de una década de vigencia, y que, si bien ha sido actualizado parcialmente, no ha sido armonizado con las disposiciones actuales.

Por ello, consideró que existe una laguna legal que la autoridad vial estaría interpretando de manera discrecional.

Asimismo, puntualizó que el director ha justificado los operativos argumentando que estos se realizan a nivel federal y estatal, cuando en realidad el reglamento municipal no contempla el aseguramiento sistemático de motocicletas.

A este contexto se suma la inconformidad ciudadana por una posible violación al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Los motociclistas denuncian que, en la práctica, son los propios elementos de Tránsito quienes detienen la circulación de manera directa, sin una orden escrita ni causa debidamente fundada para asegurar las unidades.

Mientras el director de Tránsito insiste en que no hay abusos y que los operativos continuarán, la discrepancia entre el discurso oficial, el reglamento municipal y los principios constitucionales ha intensificado el malestar social.

Para ciudadanos y especialistas, el problema no está en la aplicación de la ley, sino en una interpretación extensiva del reglamento municipal, que al ser obsoleto se utiliza para justificar acciones no previstas explícitamente.

Esto debilita la legalidad y la confianza en la autoridad vial de Huauchinango (BH)