¿Será que hemos caído en el hechizo del “no somos iguales” y de la llamada “superioridad moral”, y que bajo esa narrativa publicitaria hemos terminado por normalizar la violencia estatal —la que se ejerce desde el gobierno contra los ciudadanos—, consintiendo en consecuencia actos de ilegalidad en amplias zonas del aparato público?

Hay al menos tres casos que, aunque distintos y distantes entre sí, parecen concatenados por un mismo patrón de acción.

El primero —y en el que se concentra este comentario— es la detención, desaparición y presunto secuestro de un profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla a manos de elementos de la Guardia Nacional y de policías municipales, en el norte del país, en Monterrey y Apodaca, en el estado de Nuevo León.

El segundo es la exoneración y rehabilitación política de Francisco Garduño, recientemente nombrado en un alto cargo en la Secretaría de Educación Pública, pese a ser presunto responsable por negligencia de la muerte de cuarenta personas en un improvisado centro de detención del Instituto Nacional de Migración, del cual fue comisionado general.

El tercero es el caso de la exembajadora de México en el Reino Unido, Josefa González –Blanco Ortiz Mena, recordada por el episodio del “si quiero, te incas”, que manchó la investidura diplomática del Estado mexicano.

Lo ocurrido al profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla no puede reducirse al argumento de un “error administrativo” o a la falta de apego a protocolos por parte de elementos de la Guardia Nacional. En su caso —hasta donde se sabe— nunca se asentó su nombre en el Registro Nacional de Detenciones. ¿Puede ello equipararse a un secuestro? Transcurrido el tiempo legalmente permitido, todo indica que sí, y que habría responsabilidades y sanciones que fincar.

Aquí aparece una de las principales aristas que alimentan la sospecha sobre el verdadero papel de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sean federales o municipales. En este punto se rompe la frontera que separa al gobierno de las partidas de facinerosos a las que se refería san Agustín, en La ciudad de Dios.

Una de las versiones señala que el profesor permaneció varios días en una cárcel del municipio de Apodaca, donde habría sido vejado bajo la acusación inverosímil de haber agredido a policías. La versión no cuadra. En todo caso, ¿cuál habría sido la razón jurídica para que la Guardia Nacional lo entregara a autoridades municipales, rompiendo el principio de jerarquía y competencia?

La noticia generó consternación en el país. El papel público de la Universidad Iberoamericana y la movilización de su comunidad académica presionaron al gobierno y fueron determinantes para la aparición con vida del profesor. De no haber sido así, su destino bien pudo ser el de miles y miles de personas desaparecidas en este país doliente y ensangrentado.

La mayoría de quienes desaparecen no cuentan con resonancia en la opinión pública nacional ni con instituciones capaces de movilizarse en su defensa. Y, por razones que no siempre se explican, el Estado y sus instituciones no pocas veces actúan en su contra.

En el caso del profesor universitario no se trató de un error, sino del uso abusivo del aparato coercitivo con el fin de ¿enviar un mensaje cifrado? Tal vez dirigido contra las universidades y los universitarios, un sector históricamente crítico. Semanas atrás la UNAM fue emplazada por un senador de Morena a explicar la razón por la cual publicó un ensayo de la autoría de Lorenzo Córdova, un reputado académico, y expresidente del INE. 

Conviene recordar que la Ibero es una institución jesuita, heredera en México de una tradición humanista de casi cinco siglos. Los jesuitas llegaron a la Nueva España en 1572. Francisco Javier Clavijero, precursor de la Ilustración americana, del nacionalismo y del indigenismo mexicano, estuvo en San Javier, en Puebla, desde donde fue enviado a Michoacán bajo apercibimiento.

La desaparición de un profesor de una institución privada en la que se forman sectores medios y altos, comprometida con el ejercicio de la crítica, siembra terror e inhibe el ejercicio de derechos ciudadanos. No solo entre la víctima y su comunidad, sino en la sociedad en su conjunto.

Vivimos un momento en el que la violencia estatal y la impunidad son normalizadas bajo el discurso manido de la “superioridad moral” y el “no somos iguales”.

No es casual, en ese sentido, la reivindicación política de Francisco Garduño —acusado de ser responsable por negligencia de la muerte de cuarenta personas— ni la rehabilitación pública de la exembajadora González-Blanco, cuyo desempeño empañó lo que quizá sea una de las tradiciones más nobles del Estado mexicano: la diplomacia. Octavio Paz, Carlos Fuentes y Jaime Torres Bodet. Son ejemplos.

Más allá de los detalles particulares de cada caso, que esperamos sean esclarecidos, preocupa el patrón que se perfila: el de un gobierno que no está sometido a un régimen efectivo de rendición de cuentas. Los contrapesos fueron anulados uno a uno; el Legislativo y el Judicial, capturados. Pase lo que pase, no parece haber consecuencias.

Nadie encarna mejor ese régimen de excepción legal que los perfiles y trayectorias de Francisco Garduño y de Josefa González-Blanco. El rostro del Nuevo Gobierno.