Activistas y defensores del agua exigen al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la adquisición del 74.85 por ciento de las acciones de Concesiones Integrales S.A. de C.V. (Agua de Puebla) para la recuperación pública del suministro.

Este lunes integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) entregaron un escrito al gobierno del estado para intervenir y dictaminar la viabilidad de la compra de acciones antes de que lo haga la empresa transnacional Manila Water Company.

Señalaron que el que una empresa tenga el control del servicio del suministro de agua solo perpetua un modelo de gestión orientado a la rentabilidad financiera y no el interés público.

En este sentido María Eugenia Ochoa García, representante de la Asamblea Social del Agua, señaló que está es la manera más efectiva y menos onerosa para recuperar el control público del agua, pues señaló que el gobierno del estado mencionaba que el término de la concesión representaría un gasto de más de 7 mil millones y con esto solo se gastarían 3 mil 600 millones de pesos.

"Es la vía más efectiva y menos onerosa para recuperar el control del servicio, recuerden que para terminar el convenio supuestamente se estarían pidiendo más de 7 mil millones (...) o sea que sería 51 por ciento menor (adquirir acciones) lo que se tendría que pagar", declaró.

Ante esto la Asamblea Social del Agua insistió que tanto la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y Soapap realicen las evaluaciones económicas y jurídicas de manera urgente, para adquirir las acciones de Agua de Puebla.

El 14 de enero Alejandro Armenta Mier informó que su gobierno se encontraba analizando adquirir el 75 por ciento de las acciones de Agua de Puebla.

"Sí es muy importante y antes de darlo a conocer, porque es un tema muy delicado, lo vamos a seguir analizando lo de Agua de Puebla. Estamos trabajando, le vamos a dar una sorpresa a Puebla", declaró el mandatario estatal.

Sin embargo, indicó que se encontraba en análisis ya que era un tema delicado, pero aseguró que la prioridad del gobierno estatal es garantizar el derecho al agua. (MCJ)