Ciudadanos del municipio de Acatlán de Osorio manifestaron su inconformidad tras un operativo en Vida Digna Mixteca, luego de que al inmueble arribara personal de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal para realizar una revisión, ante un señalamiento de que presuntamente se vendían bebidas alcohólicas en el lugar.

Los hechos ocurrieron el 7 de enero y fueron difundidos ampliamente en redes sociales, a través de un video que muestra el momento en que el personal ingresó a las instalaciones de la asociación civil.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio, ese día se llevaron a cabo recorridos de supervisión en diversos negocios, establecimientos y espacios públicos del municipio.

Esto con el objetivo de verificar que contaran con cédulas y licencias de funcionamiento vigentes, así como orientar a los comerciantes sobre el cumplimiento de la normatividad, con el fin de fortalecer el orden, la legalidad y la seguridad en beneficio de la ciudadanía.

No obstante, el operativo generó controversia específicamente en la asociación civil Vida Digna Mixteca, ubicada en la calle Emiliano Zapata y representada por Adán Castillo.

Posteriormente, la organización emitió un comunicado oficial fechado el 8 de enero de 2026, en el que detalló que aproximadamente a las 16:25 horas se presentó personal del H. Ayuntamiento de Acatlán, adscrito a la Dirección de Industria y Comercio, para realizar una diligencia administrativa en sus instalaciones.

En el documento, la asociación señala que durante dicha diligencia fue un elemento de la Secretaría de Marina quien tocó directamente la puerta del inmueble y realizó grabaciones al interior, hecho que —aseguran— quedó evidenciado en el video difundido en redes sociales.

Vida Digna Mixteca calificó como grave la participación activa de elementos de la Marina Nacional en un procedimiento administrativo de carácter civil y municipal.

Al considerar que se trata de una presunta extralimitación de funciones, un acto de intimidación y una posible violación a derechos humanos, ya que —según argumentan— no existía una situación de riesgo, emergencia o amenaza a la seguridad nacional que justificara su intervención.

En su posicionamiento, la asociación subrayó que, en un contexto nacional y estatal marcado por la violencia, la delincuencia y el narcotráfico, la presencia de fuerzas armadas suele asociarse al combate al crimen organizado.

Por lo que su participación en actos administrativos municipales genera temor, vulnera la confianza ciudadana y normaliza prácticas que —afirman— no deben permitirse en un Estado de Derecho.

Asimismo, enfatizó que la ciudadanía y las organizaciones civiles no son enemigas del Estado, y que no debe recurrirse a fuerzas armadas para amedrentar, presionar o intimidar a personas u organizaciones que realizan actividades lícitas y de carácter social.

Ante estos hechos, hicieron un llamado respetuoso pero firme al gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, para que tenga conocimiento de lo ocurrido y se investigue bajo qué fundamento se permitió o instruyó la participación de elementos de la Secretaría de Marina en actos administrativos municipales, los cuales —señalan— son ajenos a sus atribuciones legales.

Finalmente, informaron a la opinión pública que interpondrán las quejas y denuncias correspondientes ante la Comisión de Derechos Humanos y las fiscalías competentes, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se deslinden las responsabilidades administrativas y legales que correspondan.

La asociación aclaró que su posicionamiento no busca la confrontación, sino visibilizar una práctica que consideran preocupante, exigir legalidad y límites claros entre autoridades civiles y fuerzas armadas, y evitar que situaciones similares se repitan con otros ciudadanos u organizaciones sociales. (KR)