El Instituto Nacional Electoral (INE) informó ante su Consejo General que hasta ahora ha recibido más de 98 mil solicitudes para identificar y localizar personas desaparecidas a través de datos biométricos y análisis especializados.

De estas, 34 mil generaron respuestas positivas, es decir, registros útiles que fortalecen los procesos de identificación humana y localización.

Según el informe, divulgado el 30 de noviembre, desde 2016, el instituto ha firmado más de 40 convenios con instancias de procuración de justicia y organismos encargados de búsquedas en todo el territorio nacional.

Estos acuerdos permiten el acceso a la base de datos biométricos del padrón electoral, que integra más de 100 millones de registros —actualizados a más de 101 millones de inscritos en la fecha actual—.

Esta infraestructura, originalmente diseñada para fines electorales, se ha transformado en una herramienta humanitaria.

En total, el INE ha coordinado la atención de más de 441 mil solicitudes, en coordinación con fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR), comisiones locales y la Comisión Nacional de Búsqueda.

La consejera Dania Ravel, vocal ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, destacó el impacto directo en las familias afectadas.

"Hasta noviembre de 2025, el INE ha atendido más de 98 mil solicitudes de identificación biométrica, de las cuales una tercera parte generó información útil y cerca de 20 mil casos fueron confirmados por peritos como identificaciones positivas. Esto significa que miles de familias han recibido una respuesta", declaró Ravel.

No todas las instancias colaboran

La localización de personas desaparecidas se ve frenada en parte por la inacción de al menos 30 entes públicos dedicados a la búsqueda de personas.

Estas entidades, que incluyen comisiones estatales y fiscalías pendientes de formalizar acuerdos, merman una cobertura más amplia.

La consejera Carla Humphrey insistió en que la firma de estos convenios no es un mero formalismo, sino un compromiso ético y técnico para reducir desigualdades en la atención a las víctimas. Estados como Jalisco, Guerrero y Veracruz figuran entre los rezagados.

Autoridades del Consejo General enfatizaron que la prioridad radica en mantener procesos seguros, confiables y transparentes, alineados con estándares legales que protegen la integridad de la información ciudadana. (MCJ)