La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió criterios que tienen como finalidad fortalecer el federalismo judicial en materia electoral, a través del reencauzamiento de medios de impugnación a los órganos jurisdiccionales estatales, quienes deberán pronunciarse ante la ausencia, en la legislación local, de vías para controvertir actos o resoluciones de la autoridad administrativa.

A través de la Jurisprudencia 15/2014 se puntualiza que, en el caso de la justicia electoral, el federalismo se actualiza a través de un sistema integral de medios de impugnación que tiene como finalidad que todos los actos y resoluciones se sujeten, invariablemente, a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Bajo esa premisa, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben garantizar la existencia de medios de impugnación en materia electoral, acordes con lo previsto en la Constitución General de la República.

En la referida jurisprudencia se señala que la ausencia de dicha previsión y de un recurso específico o de reglas para tramitar los medios de impugnación presentados por los ciudadanos para controvertir actos y resoluciones electorales, haría restrictiva la intervención de los tribunales locales, lo que resultaría contrario al espíritu del federalismo judicial.

Ante ello, el Pleno de la Sala Superior determinó que para lograr un óptimo funcionamiento del sistema de medios de impugnación en materia electoral, es necesario que exista una vía local ordinaria de control jurisdiccional de la legalidad.

En este sentido, puntualizó que “Ante la falta de dicho medio de impugnación local, procede reencauzar el asunto a la autoridad jurisdiccional de la respectiva entidad federativa o del Distrito Federal, a efecto de que implemente una vía o medio idóneo”.

Con ello, se privilegia la participación de los tribunales locales, en el conocimiento y resolución de los litigios electorales, antes de que los casos sean analizados por el TEPJF.

El criterio, que fue aprobado por unanimidad, constituye una medida para el fortalecimiento del federalismo judicial, ya que propicia el reconocimiento, la participación y colaboración de los distintos ámbitos de impartición de justicia.