La cancelación definitiva de las concesiones de minas en Los Reyes Metzontla Cactus Fracción 1, Cactus III y Los Reyes, que comprenden más de 670 hectáreas del territorio ngiwa mixteco, concedidas hasta por 50 años a particulares, fue la exigencia de cientos de participantes en el Tercer Foro Regional Por la Defensa de la Vida y los Territorios, en el que además se exigió la seguridad e integridad de quienes han encabezado la defensa del territorio.

Esta mañana fue difundido el pronunciamiento de una treintena de organizaciones y colectivos que participaron esta semana en el foro, que pese a amenazas de parte de autoridades y concesionarios mineros se realizó en el municipio.

En el pronunciamiento señalaron que el saqueo, la impunidad extractivista y minería se desarrollan dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán a pesar de estar legalmente prohibida toda actividad extractiva, pero la colusión entre autoridades locales, la empresa minera y dependencias federales ha permitido la violación de los derechos colectivos y ambientales de la región.

Acusaron que esas concesiones se han promovido bajo el discurso de “beneficios comunitarios”, pero en la práctica sólo legitiman el despojo de los territorios indígenas.

Entre las concesiones vigentes se encuentra la 238199, en el Lote Cactus Fracción 1, con una superficie de 479.6185 hectáreas, otorgada por 50 años (2011–2061) a Eligio Bravo Hernández, Alberto González Luna y Martín González Hernández.

El segundo título de concesión está identificado con el número 240946, Lote Cactus III, con 97.3514 hectáreas, otorgada también por 50 años (2012–2062) a Eligio Bravo Hernández, Isaac Manuel González Luna y Wenceslao Balderas Pacheco.

El tercer título de concesión, número 238518, en Lote Los Reyes, con 100 hectáreas, está vigente de 2011 a 2061, a nombre de Jaime Cruz Cortés, concesionario único.

Acusaron que la extracción minera en esas zonas se realiza sin los permisos ambientales correspondientes, lo cual ha sido confirmado por Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Semarnat) en mesas de trabajo con autoridades agrarias locales, pese a lo cual esas prácticas no se detienen.

En un documento se detalla al principal señalado, Rolando Aguilar, identificado como supuesto “asesor de los pueblos Ngiwas” y presuntamente vinculado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien ha promovido reuniones a puerta cerrada con autoridades locales para impulsar acuerdos ilegítimos con las mineras bajo la figura de “concesiones comunitarias”.

“La estrategia de este funcionario, presuntamente vinculado al INPI, es dividir a las comunidades y legalizar el saqueo de minerales como hierro, silicio, manganeso y tierras raras”, se señaló.

Entre los testimonios se indicó que la explotación minera ha devastado el territorio con pagos indignos de apenas 30 pesos por tonelada de material extraído, bajo el pretexto de producir cemento, cuando en realidad también se saquean tierras raras, hierro y otros minerales.

En el foro también se escucharon las experiencias mineras de las comunidades de Aquila, Michoacán, donde la minera Ternium ha generado violencia, contaminación y desapariciones, entre ellas las de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos desde el 15 de enero de 2023.

Así como las comunidades del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, en los Valles Centrales de Oaxaca, que enfrentan el saqueo de Fortuna Mining Corp y ciudadanos originarios de Brasil, quienes compartieron la impunidad y devastación tras el derrame en Minas Gerais.

También se expuso el caso de resistencia al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que pretendía realizar Minera Autlán, donde los pueblos en resistencia sufrieron la desaparición de Sergio Rivera Hernández, defensor del río, al que describieron como ejemplo “del camino para seguir en la lucha por la defensa de nuestros territorios y nuestra agua”.

“A esta violencia ambiental y comunitaria se suma la impuesta por los megaproyectos de infraestructura y parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, donde 23 defensores de la UCIZONI han sido criminalizados, y la militarización se extiende al sureste mexicano —incluida la Península de Yucatán— para proteger intereses privados y proyectos del mal llamado “desarrollo”, se asienta en el pronunciamiento.

¡No al extractivismo!

“Desde la Mixteca, región Ñuu Savi-Ingiwa, la Sierra de Oaxaca y el Istmo, decimos: ¡No permitiremos la instalación de proyectos mineros en la Mixteca; Justicia y verdad para los defensores desaparecidos en Aquila, Michoacán; respeto a los territorios prohibidos para la minería en los Valles Centrales de Oaxaca; no a la criminalización ni militarización del Istmo y del sureste mexicano; cancelación definitiva de la mina en Reyes Metzontla y de todas las concesiones!”, fueron las exigencias de integrantes del Congreso Nacional Indígena,  UCIZONI (Unión de comunidad de la Zona Norte del Istmos), Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, MAIZ(Movimiento Agrario Indígena Zapatista), Servicios Geo-grafias Comunitarias, GLEFAS (Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción), Red de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).

Así como el Grupo de Trabajo Fronteras, regionalización y globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, Laboratorio Popular de Medios Libres, Hijos de la Tierra, Radios ecos de la Sal, FPR (Frente Popular Revolucionario) Colectivo Huitzil Urbano, Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano, Ollin Quetza AC , cooperativa Nutze, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C.

Articulan la Red por la Defensa de la Vida, el Agua, la Tierra y el Territorio

Como resultado del Tercer Foro Regional por la Defensa de la Vida y los Territorios, también se acordó “fortalecer la Red por la Defensa de la Vida, el Agua, la Tierra y el Territorio, un espacio autónomo y horizontal que busca articular esfuerzos comunitarios, políticos, jurídicos, comunicativos y de cuidado colectivo”.

Las organizaciones reafirman su “dignidad a pesar de las amenazas, intentos de sabotaje y campañas de desinformación impulsadas por personas vinculadas a los intereses mineros, refiriéndose a autoridades auxiliares de Los Reyes Metzontla, como la regidora de Gobernación, Seime Juárez Hernández, y el comisariado ejidal Claudio Flores Balderas, quienes amenazaron con no garantizar la seguridad de quienes asistieran al foro, advirtiendo que cualquier incidente sería “responsabilidad de los organizadores”.

Se pronunciaron contra las reformas impulsadas por el grupo parlamentario de Morena a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley de Amparo, “ya que ambas representan un retroceso en materia de derechos humanos y ambientales”.

La propuesta de Ley de Aguas Nacionales “mantiene viva la ley salinista que protege al capital y las concesiones empresariales otorgadas por la Conagua, negando el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua de los Pueblos Originarios”.

Mientras que la Ley de Amparo “limita el acceso a la justicia y la defensa del territorio, debilita las garantías constitucionales y los mecanismos internacionales de protección frente a megaproyectos y políticas extractivas, en abierta violación al Acuerdo de Escazú y al principio de progresividad de los derechos”, reiteran las 18 organizaciones firmantes. (MCJ)