El Nodo de Derechos Humanos (NODHO) informó que en menos de seis meses el activista Pascual Bermúdez Chantes, defensor del agua y del territorio en San Miguel Xoxtla, Puebla, ha sido criminalizado, censurado y vigilado por su labor en la protección de los recursos naturales.

Integrante del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua, Bermúdez enfrenta una serie de acciones legales y de hostigamiento que, de acuerdo con organizaciones civiles, buscan desincentivar la protesta social y beneficiar intereses empresariales.

En julio de este año, Bermúdez y Renato Romero Camacho fueron denunciados penalmente por la empresa Concesiones Integrales “Agua de Puebla para Todos”. Aunque un juez los declaró inocentes tras una fuerte presión nacional e internacional que evidenció irregularidades en el proceso, la Fiscalía de Puebla decidió apelar la resolución, prolongando el conflicto jurídico.

Ese mismo mes, ambos activistas fueron señalados por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) del delito de ataque a vías de comunicación, una figura jurídica utilizada con frecuencia para judicializar la protesta social.

En septiembre, un juez los vinculó a proceso luego de que el Ministerio Público reformulara la imputación, pese a que la defensa desestimó todas las pruebas presentadas.

A inicios de octubre, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) canceló un evento de estudiantes de Antropología en el que estaba programada la participación de Bermúdez, argumentando una solicitud al órgano de transparencia que lo acusaba de incitar a la violencia y representaba, según dicho documento, un riesgo para el estudiantado.

Actualmente, la vivienda de Pascual Bermúdez es vigilada de forma constante por patrullas de las policías Municipal de Xoxtla y Estatal de Puebla.

De acuerdo con NODHO, estas acciones se enmarcan en un clima de presión política y social vinculado con los intentos de reiniciar obras de extracción de agua en beneficio de la empresa Agua de Puebla para Todos, con respaldo del gobierno estatal.

San Miguel Xoxtla, en la región Cholulteca, ha sido escenario de una creciente disputa por el control del agua. Empresas privadas, con apoyo de autoridades locales, han impulsado proyectos de infraestructura que las comunidades consideran un despojo de sus recursos naturales, mientras que defensores ambientales exigen respeto al derecho al agua y a la autodeterminación de los pueblos.

El Nodo de Derechos Humanos advirtió que las medidas contra Bermúdez son parte de una estrategia de criminalización hacia quienes defienden el medio ambiente. Exigió el cese inmediato del hostigamiento y llamó a la sociedad y al Estado a proteger la labor de las y los defensores del territorio y la vida. (KR)