Una red de compañías mexicanas, señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por abastecer precursores químicos al Cártel de Sinaloa, suministró insumos y equipo de laboratorio a instituciones públicas en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur durante los últimos siete años.

Estas empresas, vinculadas a la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, obtuvieron contratos por 35.7 millones de pesos, principalmente mediante adjudicaciones directas, según una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia y portales oficiales realizada por El Universal.

El 6 de octubre, la OFAC impuso sanciones a 12 empresas y ocho personas físicas acusadas de distribuir precursores para la producción de fentanilo y metanfetamina.

Siete de esas compañías (Comercial Viosma del Noroeste S.A. de C.V., Storelab S.A. de C.V., Favelab S.A. de C.V., Importaciones y Nacional Marcerlab S.A. de C.V., Favela Pro S.A. de C.V., Quilab S.A. de C.V. y Sumilab S.A. de C.V.) firmaron 630 contratos entre 2018 y el primer semestre de 2025.

Estas operaciones incluyeron ventas de materiales de laboratorio y productos químicos a entidades educativas, gubernamentales y de investigación científica en el noroeste del país.

¿A qué clientes les distribuyeron?

Entre los clientes de las empresas sancionadas se encuentran universidades sonorenses como la Universidad de Sonora (Unison), la Universidad Estatal de Sonora (UES) y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), así como el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach).

En Sinaloa, las adquisiciones involucraron a la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Politécnica de Sinaloa, junto con la Universidad Politécnica del Valle del Évora.

En Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Baja California Sur también aparece en los registros de contrataciones.

De acuerdo con datos del Universal, el área de la investigación científica tampoco quedó exenta; el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), con sede en Mazatlán, Sinaloa, destinó 6.1 millones de pesos en 70 contratos a Storelab y Sumilab entre 2021 y 2024.

La OFAC identificó a Storelab como filial de Sumilab, sancionada previamente en 2023. Otras instituciones federales beneficiadas incluyen el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) y el Colegio de la Frontera Sur, ambas coordinadas por la Secretaría de Ciencia, Humanities, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal. Incluso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró compras con estas firmas.

También eran proveedores del Gobierno

Los gobiernos estatales también mantuvieron relaciones comerciales con las empresas señaladas; en Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa, el Sistema DIF estatal, el Centro de Ciencias de Sinaloa, la Coordinación General para el Fomento de la Investigación Científica e Innovación y el Hospital Civil de Culiacán adjudicaron contratos por suministros químicos.

En Baja California Sur, las secretarías de Finanzas y de Salud, junto con el Ayuntamiento de La Paz a través del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, realizaron adquisiciones similares.

La red está dirigida por la familia Favela López, que opera bajo la influencia de Los Chapitos. Según el boletín de la OFAC, estas compañías suministran precursores químicos y equipo de laboratorio a intermediarios del Cártel de Sinaloa para la síntesis de drogas ilícitas, incluyendo envíos a Estados Unidos.

Tras la sanción inicial a Sumilab en mayo de 2023, la familia alteró nombres e imágenes comerciales de sus tiendas, pero mantuvo la estructura operativa y continuó participando en licitaciones públicas. (PSR)