El Movimiento para la Alternativa Social (MAS) fijó su posición frente a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos en el municipio de Ocoyucan Puebla.

La organización consideró que se hizo un uso faccioso de la recomendación, pues fue difunda en fin de semana, “cuando el impacto mediático es menor y en días previos a los festejos patrios, provocando con esto distracción y dilución de un hecho tan grave ocurrido en el estado”.

“Señalamos que aunque el presidente del organismo nacional, Raúl Plasencia Villanueva en su visita a las comunidades vulneradas había prometido imparcialidad, los compromisos con el gobernador Rafael Moreno Valle pesaron más, por lo que atenúo, en lo posible, el golpe que provocaría a su figura pública el dictamen oficial de las graves violaciones a los derechos humanos”.

El movimiento social indicó que aunque las organizaciones sociales lo habían señalado hasta el hartazgo, finalmente se reconoce oficialmente que existen suficientes elementos para separar del cargo al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle y exigir su juicio político.

“No sólo por el hecho de que la policía asesinara a un niño, sino porque el aparato de gobierno mintió y omitió datos sobre la violencia desatada en la protesta legítima de pobladores de juntas auxiliares, hecho que se resalta en el documento”.

Aseguraron que en más de 150 páginas con testimonios y pruebas forenses se refuta y sepulta la versión que el secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas, en el sentido de que una explosión u onda expansiva por acción de un cohetón tipo cañón provocara la muerte de un niño, José Luis Tehuatle.

“También queda claro que las autoridades de Puebla nunca agotaron el diálogo con los manifestantes antes de comenzar los enfrentamientos”.

“Quedan expuestas en la Recomendación las figuras del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas y el procurador de Justicia, Víctor Carrancá, como matones a sueldo y no funcionarios responsables que respeten protocolos”, señalaron los activistas sociales.

Maquillaron la zona del enfrentamiento

De acuerdo con el MAS, la CNDH difundió en el expediente recabado, que además de la policía, trabajadores del ayuntamiento –naranjitas–  “limpiaron” la evidencia en el lugar de las manifestaciones antes de que la Fiscalía comenzara sus propias investigaciones.

El MAS asegura que por órdenes del procurador Carrancá no se recabaron pruebas en el sitio de la manifestación y en cambio, difundió hipótesis de los explosivos, sin sustento.

Facundo Rosas, por su parte, dijo la organización, afirmó que el uso de proyectiles con gas lacrimógeno había sido de 232 unidades, sin embargo en la investigación se reveló que fueron detonadas 478, el doble, además de que se comprobó que los policías no contaban con el adiestramiento necesario para usar ese tipo de armas. “El proyectil que mató a José Luis Tehuatle apuntaba hacia el niño cuando debía hacerse al aire”.

Indicaron que no quieren escuchar las disculpas del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a la madre del menor asesinado ni a la comunidad de Chalchihuapan, sino su renuncia. “Puebla está harta de disculpas”.

“Exigimos justicia. Exigimos la renuncia de todos los funcionarios citados y pedimos la renuncia inmediata de Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, concluyó la organización social.