El coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, renunció ayer a su cargo, tras ser cuestionado sobre posible conflicto de intereses y tráfico de influencias, derivado de su doble desempeño en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y en la empresa energética española Iberdrola, que tiene importantes inversiones en el país.

En una carta dirigida a Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, el ahora ex funcionario presentó su renuncia, aunque se dijo convencido de que su conducta ha sido en todo momento apegada a derecho.

Informó haber solicitado a la Secretaría de Función Pública (SFP) que inicie una investigación que esclarezca de forma transparente y contundente si existió conflicto de intereses por su dualidad de desempeñarse como consejero externo de la empresa Iberdrola desde junio de 2009 hasta junio pasado –fecha en que presentó su renuncia a la empresa– y ocupar al mismo tiempo un alto cargo en el gobierno federal.

La denuncia se había hecho ya hace unos días en el Senado, donde la fracción del PRD exigió a la SFP una investigación por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (La Jornada, 3/8/14).

Así, en los cinco años que estuvo ligado a la empresa Iberdrola, Ramírez Stabros no sólo se desempeñó como funcionario público de Los Pinos –desde diciembre de 2012–, sino también fue diputado local en San Luis Potosí y coordinó la bancada priísta en el Congreso local.

De acuerdo con el organigrama de la Presidencia, Ramírez Stabros tenía entre sus funciones participar en la promoción de los vínculos institucionales y de las relaciones interinstitucionales de la Oficina de la Presidencia con organizaciones e instituciones de los sectores público, social y privado. Otra de las atribuciones era atender y dar seguimiento a las solicitudes y peticiones de grupos sociales.

Y aunque la empresa Iberdrola ya lo eliminó de su directorio, Miguel Ángel Gallardo Ortiz, activista español dedicado a denunciar abusos de compañías eléctricas y mineras en la península ibérica, presentó a fines de agosto pasado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España.

Según el denunciante, la relación entre Ramírez Stabros y la empresa Iberdrola es materia legal suficiente para que la legislación española, de la Unión Europea y hasta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuando menos investiguen el caso, según publicó La Jornada San Luis hace unos días.

Gallardo solicitó una investigación sobre la relación del funcionario con la empresa española, pues a su juicio representa una incompatibilidad que constituye un claro indicio de delitos que deben ser juzgados por la justicia española.

Hay que destacar que, tras la reciente aprobación de las leyes secundarias en materia energética, Iberdrola fue el primer consorcio que anunció una inyección de capital en el país superior a mil 200 millones de dólares, entre 2014 y 2016.

Esta compañía española enfrenta litigios en varios países latinoamericanos por manipulación de mercados para alterar el costo de la energía, además de uso de funcionarios públicos para obtener información privilegiada en subastas y concursos, según la misma denuncia.

Según el mismo Ramírez Stabros –a quien se ubica como fuerte aspirante a la candidatura del PRI al gobierno de San Luis Potosí–, el cargo que desempeñó durante cinco años en la empresa fue de consejero externo independiente, y que una de sus funciones era asistir a una reunión trimestral del consejo de administración con el fin de ofrecer sus puntos de vista sobre directrices generales del consorcio ibérico.