Ruth Pérez Rodríguez, esposa de Pascual Bermúdez Chantes, defensor del agua en San Miguel Xoxtla, denunció una serie de irregularidades judiciales que han dejado a su esposo en estado de indefensión legal. Entre ellas, la cancelación de la suspensión de una orden de aprehensión en su contra y el retraso en la admisión de un amparo promovido por otro activista, Rogelio Flores.

Durante una rueda de prensa en la sede del Poder Judicial Federal, Pérez Rodríguez explicó que la jueza María del Carmen Ruiz Medina, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, retiró la suspensión de amparo previamente concedida a Bermúdez.

La decisión se basó, dijo, en un error al tomar en cuenta un informe del juez de oralidad penal con sede en Puebla, quien negó haber girado la orden de aprehensión.

Sin embargo, aclaró que la orden reclamada en el amparo fue emitida por un juez con sede en Cholula, no en Puebla, lo que derivó en una confusión que invalidó la suspensión y dejó a Pascual Bermúdez vulnerable a ser detenido por el delito de despojo, del cual es acusado por la empresa Agua de Puebla.

Pérez Rodríguez advirtió que esta situación refuerza la criminalización contra su esposo y recordó que existe un precedente: en el caso de Renato Romero, otro activista imputado por el mismo delito, un juez determinó que no se comprobaron los señalamientos de Agua de Puebla, por lo cual fue liberado la semana pasada.

Además, Pascual Bermúdez enfrenta una segunda orden de aprehensión, esta vez por su participación en el bloqueo de la autopista México-Puebla, ocurrido semanas atrás. Dicha audiencia está programada para septiembre.

La esposa del activista señaló que incluso en este caso hay fallas en el procedimiento, pues la jueza que llevará el asunto reconoció que se trata de un delito menor, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no notificó previamente a la defensa, como establece la ley.

Por otro lado, el proceso legal de Rogelio Flores, también señalado por Agua de Puebla, enfrenta retrasos en la tramitación de su amparo, lo cual ha impedido que su situación jurídica avance.

Los tres activistas —Renato Romero, Pascual Bermúdez y Rogelio Flores— fueron denunciados por presuntamente lanzar piedras a instalaciones de Agua de Puebla durante una protesta realizada en mayo. Hasta ahora, solo Romero ha sido liberado, tras demostrarse que no había elementos en su contra. (RC)