El pasado 12 de junio, el Congreso de Puebla aprobó con 35 votos a favor el "Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla en materia de ciberseguridad". Entre los delitos tipificados destacan la usurpación de identidad digital, el grooming, el espionaje digital y, particularmente, el denominado "ciberasedio" (artículo 480).

La iniciativa fue presentada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra -sobrino de Mario Marín Torres quien se encuentra en prisión en el penal del Altiplano-, cuando fungía como diputado local antes de convertirse en coordinador del gabinete de Alejandro Armenta.

Del marinismo analógico al autoritarismo digital

Durante el gobierno de Mario Marín, la persecución contra periodistas críticos alcanzó niveles criminales con el caso de Lydia Cacho, torturada por investigar redes de pederastia. Hoy, sus herederos políticos buscan criminalizar la crítica sin necesidad de recurrir a la violencia física directa.

El artículo 480 del Código Penal poblano ahora define el ciberasedio como "quien a través de la utilización de medios digitales de informática o TICS insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud". Este texto  es susceptible de múltiples interpretaciones, por lo tanto, permite que cualquier crítica periodística sobre probables actos de corrupción administrativa pueda ser considerada delito si el funcionario aludido alega daño emocional.

Los legisladores no dieron argumentos de peso, sino que, en lugar de un debate donde se analizaran las implicaciones de esta ley, más bien se centraron en argumentar que han sido ofendidos en las redes sociales. Esta personalización del debate revela que la norma no surge de un diagnóstico técnico sobre necesidades ciudadanas, sino de susceptibilidades e intereses políticos particulares. La ligereza y la prisa con las que la mayoría oficialista en el Congreso ha aprobado estas disposiciones legales pone en evidencia la forma de legislar bajo consigna.

La represión como política de una administración frágil

Estas disposiciones exponen la fragilidad de una administración que requiere protección penal contra la crítica ciudadana. Cuando la prensa documenta presuntos conflictos de interés, licitaciones irregulares o nepotismo gubernamental, la respuesta institucional debería consistir en transparentar información, rendir cuentas y, en su caso, sancionar responsabilidades. Pero criminalizar a quien cuestiona la opacidad oficial revela que estas disposiciones buscan proteger conductas irregulares antes que salvaguardar sensibilidades personales.

La 4T poblana, fiel a su tradicional incoherencia, ha perfeccionado las técnicas represivas que antes denunciaba. Mientras el marinismo operaba mediante métodos ilegales, el gobierno actual institucionaliza la persecución a través de reformas a modo. La equiparación punitiva entre insultar en redes y hackear sistemas informáticos, ambos castigados con hasta tres años de prisión, clarifica que el objetivo no es proteger a ciudadanos sino silenciar críticos. Esta equiparación absurda revela la verdadera naturaleza de la legislación: convertir la crítica política en delito equivalente a delitos informáticos graves.

La sumisión del Congreso local al Ejecutivo, al aprobar en tiempo récord una norma que vulnera principios constitucionales, demuestra que la separación de poderes en Puebla es mera ficción. Los 35 diputados que votaron a favor develaron su verdadera naturaleza: no son legisladores sino operadores políticos ejecutando instrucciones preestablecidas. La unanimidad oficialista no expresó consenso democrático sino sometimiento institucional.

Seis meses transcurrieron desde la presentación hasta la ratificación sin un análisis constitucional serio, consultas ciudadanas, ni estudios de impacto social. La premura devela un Congreso convertido en oficina de validación del ejecutivo estatal.

Herramienta penal contra la prensa libre

En Puebla se documenta una escalada preocupante: más de dos decenas de procesos judiciales contra comunicadores en los últimos seis años, la mayoría vinculados al ejercicio de investigación crítica. La nueva herramienta penal promete incrementar exponencialmente estas cifras. Cualquier funcionario que se declare emocionalmente afectado por un reportaje sobre irregularidades o por críticas ciudadanas en las redes sociales podrá activar el aparato persecutorio del Estado.

Las ambigüedades normativas no constituyen defectos de redacción sino características funcionales de un diseño autoritario. Conceptos como "menoscabo importante en su salud" quedan deliberadamente sin parámetros objetivos de medición, maximizando la discrecionalidad interpretativa favorable al poder. ¿Qué distingue una crítica legítima de un "agravio" punible? ¿Cómo se cuantifica el daño emocional de un funcionario público ante señalamientos sobre su gestión? La ausencia de respuestas precisas constituye la fortaleza operativa de la norma desde la perspectiva del control social.

El impacto disuasorio trasciende los casos que eventualmente lleguen a tribunales. La autocensura masiva que generará constituye el verdadero objetivo de la norma: que ciudadanos, activistas y comunicadores prefieran callar antes que arriesgar años de prisión por expresar opiniones incómodas para el gobierno, es el control social mediante el miedo.

La necesaria respuesta ciudadana

Puebla funciona ahora como banco de pruebas para el nuevo autoritarismo. Si esta normativa evade exitosamente los controles constitucionales mediante amparos y acciones de inconstitucionalidad, su replicación en otras entidades morenistas se volverá inevitable.

La resistencia debe articularse en múltiples frentes simultáneamente. Los recursos legales resultan indispensables pero insuficientes. La movilización ciudadana consciente y la coordinación entre organizaciones sociales, colegios profesionales y universidades constituyen elementos igualmente importantes para revertir este retroceso.

El desafío trasciende lo puramente jurídico. Se trata de una batalla cultural sobre los límites del poder gubernamental y el derecho a la crítica política. La normalización gradual de estas restricciones representa la apuesta gubernamental: que la sociedad poblana termine asumiendo como natural lo que hoy parece inaceptable.

La respuesta social determinará si Puebla se convierte en modelo de autoritarismo digital replicable o en ejemplo de resistencia democrática efectiva. Esta ley sintetiza la patología de un gobierno que, evidentemente incapaz de administrar con transparencia, opta por gestionar a través del miedo institucionalizado. Pero también representa una oportunidad para que la sociedad demuestre que el autoritarismo no encontrará terreno fértil en Puebla.