44 actores políticos, administrativos y militares mexicanos fueron identificados en la “Lista Marco”, una herramienta operativa del gobierno de los Estados Unidos que investiga su relación con el crimen organizado. La lista hace referencia a su arquitecto principal, el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Los personajes fueron identificados por agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas como presuntos colaboradores, beneficiarios o protectores de organizaciones delictivas transnacionales. Principalmente como participantes de los principales cárteles de droga mexicanos y redes paralelas de contrabando fiscal, energético y financiero.

¿Qué personajes políticos integran la “Lista Marco”?

Entre los nombres más relevantes que integran la “Lista Marco” se encuentran:

• Gobernadores activos: Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León)
• Exgobernadores y líderes del Congreso: Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senado), Adán Augusto López (Diputados)
• Funcionarios del gabinete federal: Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública), Clara Luz Flores (Secretaría de Gobernación), Manuel Bartlett Díaz (ex director de la CFE)
• Militares señalados: Cuatro generales en situación de retiro o activo, todos con antecedentes en inteligencia táctica, logística antidrogas o despliegues en operativos conjuntos México-EUA

A nivel municipal, se identifican los siguientes casos:

• Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, vinculado al financiamiento ilegal de campañas a través del clan Carmona
• Erasmo González, de Ciudad Madero, investigado por manejo de contratos públicos para lavado de activos
• Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, por presuntos vínculos con redes de tráfico humano hacia El Paso, Texas
• César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, por supuesta participación en operaciones de trasiego de armas y combustible ilegal

A principios de la semana, los primeros efectos tangibles de esta política se observaron en la cancelación de visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, el empresario Carlos Torres.

Las especulaciones sobre la cancelación de visas indican que Carlos Torres fue señalado por operar redes de financiamiento político vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por su presunta participación en esquemas de lavado de activos a través de licitaciones públicas, contratos de infraestructura y triangulación de recursos en Baja California, Sinaloa y Sonora.

También fue interceptado el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, junto a siete de sus colaboradores en la garita de Brownsville, Texas, y sometido a un interrogatorio de más de 14 horas. Todos fueron notificados formalmente de la revocación de sus visas, bajo la acusación de colaborar con una estructura municipal considerada “entidad asociada a organización terrorista extranjera”.

5 medidas que se incluyen en la Lista Marco

La nueva medida estadounidense se posiciona en medio de una fuerte tensión comercial con México y las relaciones diplomáticas entre ambas naciones:

• Cancelación inmediata de visas personales, diplomáticas o de negocios, incluyendo familiares directos de los señalados
• Interrogatorios prolongados y retención administrativa en puntos de ingreso a Estados Unidos
• ⁠Congelamiento preventivo de cuentas, propiedades y operaciones financieras dentro del sistema bancario estadounidense y aliados
• Notificaciones confidenciales al Gobierno de México bajo los Acuerdos de Cooperación en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera
• ⁠Inhabilitación futura para participar en operaciones económicas con instituciones con sede en Estados Unidos

Departamentos de seguridad estadounidenses controlan la nueva “Lista Marco”

La "Lista Marco" no es parte de ningún acuerdo bilateral con México, ya que está basada en leyes de seguridad interna de Estados Unidos como la Ley Patriótica, la Ley de Organizaciones Terroristas Extranjeras y el marco legal de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).

También es gestionada de forma discrecional por el Departamento de Estado, junto con agencias como el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); Homeland Security Investigations (HSI); DEA, FBI y la OFAC, permitiendo acciones inmediatas sin requerir cooperación judicial con México. (PSR)