De acuerdo con el informe de 2024 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la situación de violencia contra las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México dejó un saldo de 94 eventos de agresión, los cuales generaron 236 agresiones específicas, incluyendo 25 asesinatos de defensores.

Esta fue la segunda cifra más alta en la última década, sólo superada por los 29 casos que hubo en 2017.

De estos, 21 fueron homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales, implicando a agentes estatales. Oaxaca lideró como el estado más peligroso, con 15 casos, seguido por Chiapas, con 9; así como Puebla, Michoacán y Veracruz.

El Estado agrede a los Defensores

El Estado fue el principal agresor, participando en 62 de los 94 eventos, es decir, en el 66.9 por ciento de los casos, seguido por empresas privadas, involucradas en 25 de los incidentes, y el crimen organizado, en 17.

Los sectores más afectados fueron la minería, con 11 víctimas mortales; el forestal, con 5; el agropecuario, con 3; y las vías de comunicación, con 1.

Entre los casos destacados están los asesinatos de las hermanas indígenas Triquis, Adriana y Virginia Ortiz García, en Oaxaca, donde un Policía Estatal fue identificado como presunto responsable, sugiriendo una ejecución extrajudicial.

Las comunidades indígenas protegen sus espacios naturales

El informe subrayó la resistencia de comunidades, especialmente indígenas, frente a proyectos extractivos y de infraestructura que amenazan sus territorios.

Activistas como Wilbert Alfonso Nahuat Puc, de Yucatán, denunciaron la criminalización por proteger recursos como el agua; mientras Juana Inés Ramírez Villegas, de Oaxaca, señaló la represión por oponerse al Corredor Interoceánico.

CEMDA documentó que, desde 2014, 189 defensores fueron asesinados, cifra que posicionó a México como el cuarto país más peligroso para defensores ambientales, según Global Witness.

A pesar de una disminución en el total de agresiones respecto a 2023, año que registró 123 eventos y 282 agresiones, el aumento de asesinatos de 20 a 25 indica la persistencia de la inseguridad.

Gustavo Alanís, director de CEMDA, instó a las autoridades a fortalecer el Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas, exigiendo recursos suficientes para garantizar un entorno seguro, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, del cual México es signatario.

También se destacó la necesidad de políticas públicas integrales, como reformar la Ley de Protección a Defensores, para garantizar el acceso a la información y justicia.

El video concluye enfatizando que la defensa ambiental es una lucha colectiva que persiste pese a las amenazas. CEMDA llamó a honrar la memoria de los defensores caídos y a apoyar su labor por un medio ambiente sano.