La Cátedra José Ramón Cossío Díaz llegó nuevamente a la Ibero Puebla en su edición Primavera 2025, para que el gremio de las leyes pudiera analizar, dialogar y profundizar sobre el lawfare (o ‘guerra jurídica’), a través de los conocimientos del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A lo largo de dos días, las implicaciones, impactos y posibles soluciones a este fenómeno se discutieron con académicos, estudiantes y actores que dedican su vida a la impartición de justicia en México.

Durante la apertura de este foro, el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón Sánchez, destacó el compromiso de la universidad con los diálogos críticos y propositivos sobre nuestra realidad, que son, además, espacios propicios para fortalecer los procesos de formación profesional de los estudiantes del área de Ciencias Sociales.

Asimismo, señaló que, en medio de la discusión sobre el rumbo político de nuestro país, precedido de un clima arduo de polarización social y política, el derecho está llamado a configurarse como una herramienta de esclarecimiento de la realidad y defensa de la vocación garantista con la que nació el orden jurídico, más que como un ejercicio de defensa del orden establecido en las leyes.

A su vez, la directora general académica, Lilia Vélez Iglesias, puntualizó que la Cátedra se ha convertido en un espacio de encuentro para que estudiantes, docentes y personas interesadas en temáticas vinculadas con la justicia puedan conversar con especialistas de esta disciplina.

La jornada inició con la exposición de José Ramón Cossío Díaz, en la que dio algunas claves necesarias para entender el lawfare y el estado de la democracia en América Latina, donde históricamente se ha instrumentalizado la justicia para la persecución política.

A través de un recorrido histórico por los ámbitos jurídicos y políticos de la región, Cossío Díaz dio cuenta de cómo se ha utilizado el derecho para afectar a los enemigos políticos. Sin embargo, mencionó que estamos en un contexto de recuperación de la dignidad de las personas para poder terminar con ello.

Para el exministro, el Estado debe transparentar esta situación a la población, así como emprender acciones concretas de reconstrucción del tejido social. (MIG)