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La LXVI legislatura tiene la oportunidad de “estrenarse” aprobando una reforma constitucional que verdaderamente responde al interés público, que redundará en la protección del agua, del medio ambiente y del clima. Las 40 organizaciones y pueblos que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking llaman a las y los legisladores que inician sus labores en este septiembre a aprobar sin mayor dilación la iniciativa de reforma constitucional de medio ambiente.

El 14 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general el Proyecto de Reforma Constitucional a los artículos 4 y 27 de la Constitución, conocida como reforma constitucional de medio ambiente, que en su contenido establece, entre otros temas que: “No se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico.”

La aprobación en ambas cámaras de este proyecto es un paso importante para la protección del ambiente, de las personas y del clima, considerando que el fracking es una técnica sumamente riesgosa y contaminante del suelo, fuentes de agua y del aire, que induce actividad sísmica, genera daños en la salud de las personas, en especial de mujeres, infancias y personas adultas mayores, además de contribuir de forma considerable en el incremento de la temperatura y en la crisis climática. Además de todos los daños que provoca esta técnica, está demostrado su bajo rendimiento: con pozos fracturados que tienen un período de vida productiva de entre 2 y 4 años, con un alto costo al cual se suma la destrucción masiva de territorios que se convierten en zonas de sacrificio.

Esta es la herencia del fracking para las comunidades. Proteger el agua es prohibir el fracking. pic.twitter.com/kL9lIAOfup

— No Fracking Mx (@NoFrackingMx) July 31, 2024

En México esta técnica comenzó a utilizarse al menos desde 1996 en pozos convencionales, fracturando desde entonces 7 mil 879 pozos en un esquema de total ilegalidad y opacidad, sin informar ni consultar a comunidades afectadas, generando daños en los territorios y sus fuentes de agua, impactos a la salud y pasivos ambientales de los que hasta ahora las autoridades correspondientes no se han hecho responsables. A pesar de la falta de regulación, sin información pública, y sin consultar a las comunidades, Pemex inició la exploración de pozos no convencionales de lutitas en 2006, fracturando hasta ahora 34 pozos exploratorios, en preparación para poder realizar una extracción a gran escala en este tipo de yacimientos. A la fecha se han destinado recursos públicos para su desarrollo, los cuales fueron por 4 mil 063 millones de pesos para este 2024.

Desde el 2013, cuando se conformó la Alianza Mexicana contra el Fracking, comunidades y organizaciones han documentado los riesgos e impactos de esta técnica y han exigido su prohibición.

El grupo considera como un logro que tras 11 años de lucha finalmente esta demanda sea escuchada y haya llegado hasta el Congreso y, por fin, tenga posibilidades reales de volverse ley. Por ello piden a legisladores y legisladoras, prohibir el fracking ya que es esencial como acción para proteger el clima, para garantizar una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras, y garantizar el derecho humano al agua en el contexto actual en que la crisis hídrica se viene agravando. La fracturación hidráulica también emite gases de efecto invernadero como el metano que contribuye en el calentamiento del planeta hasta 86 veces más que el dióxido de carbono. La prohibición del fracking será un avance histórico que colocará a México como referente global en las acciones por el clima.

Este avance debe de llegar hasta sus últimas consecuencias concretando finalmente el compromiso 75 del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador el cual aún está pendiente a unos días de la conclusión de su mandato. Llaman a las diferentes bancadas para que en las discusiones que faltan para aprobar esta iniciativa de Reforma prevalezca el máximo interés de garantizar la vida, la protección del agua, el ambiente, así como de las personas y las generaciones futuras sobre los intereses económicos.

Finalmente, solicitan a las legisladoras y legisladores que asuman este momento histórico y que prohíban el fracking, concretando esta iniciativa de reforma constitucional, estableciendo como piso mínimo: “no permitir la extracción de combustibles fósiles en yacimientos no convencionales”, tal como está planteado en el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, no obstante consideran que tal prohibición deberá extenderse a la prohibición total del fracking en yacimientos convencionales, y en congruencia con el reconocimiento de riesgos y daños que sustentan su prohibición, considerando que no deberían establecerse excepciones a una práctica que debe ser prohibida en su totalidad. (PSR)