El poder judicial federal admitió las solicitudes de amparo de las juntas auxiliares de Canoa y San Andrés Azumiatla contra la salida del Registro Civil en las comunidades, mientras que el 14 de agosto La Resurrección tendrá su audiencia constitucional.

Además otras 25 juntas estarían por iniciar procesos contra la reforma al artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal en Puebla, que fue el motivo de la manifestación en Chalchihuapan donde se aplicó la Ley Bala con saldo de un menor muerto y unos 100 heridos.

De acuerdo con Hilario Gallegos, representante del Federación Nacional de Asociaciones Civiles y consejero estatal del PAN, por lo menos 100 ediles adjuntos se manifestaron contra la salida de los registros civiles de las juntas auxiliares, durante las reuniones que se realizaron en San Bernardino Chalchihuapan tras la represión policial del pasado 9 de julio.

De los 100 ediles, tres ya se ampararon contra la reforma, mientras que unos 25 iniciarán los respectivos procesos judiciales para echar abajo la iniciativa que quita facultades a las juntas auxiliares. Entre estos destacan Santa María Xonacatepec y Santa María Guadalupe Tecola.

Los amparos de San Andrés Azumiatla y San Miguel Canoa ya fueron aceptados para su revisión por el poder judicial, en tanto que La Resurrección tendrá que esperar hasta el 14 de este mes para que se realice la audiencia constitucional.

Amenazan a presidente de La Resurrección

Gallegos señaló que ante la cercanía de la audiencia constitucional, el presidente de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, fue amenazado por un funcionario de la Secretaría General de Gobierno (SGG) el pasado domingo 3 de agosto para que desistiera del amparo.

El panista agregó que gran parte de los presidentes auxiliares de Puebla no se han movilizado para interponer recursos porque tienen miedo de alguna clase de represión por parte del gobierno estatal.

El pasado 14 de diciembre el Congreso del estado derogó el párrafo XVII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, el cual establecía que entre las facultades de presidentes municipales estaba la de "cumplir con los deberes que sobre el Registro Civil de las Personas les impongan las leyes relativas". Asimismo se eliminó el artículo 857 de la misma ley, donde se establecía que las autoridades comunitarias podrían registrar a los niños recién nacidos y otorgar actas de defunción.