María Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, acudió a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para declarar como acusada ante el juez instructor Juan Carlos Peinado.

La investigación en contra de Gómez, abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fue iniciada a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Por lo que se desplegó un gran dispositivo de seguridad en los alrededores de los tribunales, incluyendo agentes antidisturbios, policía secreta y un helicóptero que vigiló la zona durante toda la comparecencia. Begoña Gómez ingresó a la sala de justicia desde el estacionamiento subterráneo, “medida excepcional autorizada” por razones de seguridad.

Durante la comparecencia, Gómez manifestó desconocer los motivos específicos de su citación inicial, por lo cual el juez Peinado procedió a informarle sobre las acusaciones en su contra.

Además, se rechazó la solicitud de la imputada de que su declaración no fuera grabada en video, una práctica estándar en estos procedimientos.

Tras las formalidades procesales, el juez decidió posponer la comparecencia de Begoña Gómez hasta el 19 de julio, para que la imputada y su equipo legal tengan tiempo suficiente para preparar su estrategia de defensa.

El gobierno español calificó este proceso como parte de una guerra jurídica, denunciando que forma parte de una campaña de desprestigio contra la administración progresista de Pedro Sánchez.

La denuncia presentada por Manos Limpias se basó en ocho noticias publicadas en diversos medios de comunicación, incluyendo un bulo del digital conservador The Objective, que atribuía falsamente una subvención a Begoña Gómez. (PSR)