La Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala pidió la intervención de autoridades estatales al acusar que Karla Patricia Ambrosio Vargas, a quien señalan como jueza de Ejecución Penal en la zona centro poniente del estado de Puebla, ha actuado de forma negligente en el caso del líder de comerciantes de Texmelucan, José Manuel Valencia Martínez, a quien le fue negada la libertad condicional en al menos tres ocasiones desde 2019, señaló este domingo su abogado Raúl Valencia.

Mediante un comunicado, y rueda de prensa, los comerciantes pidieron al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina haga un exhorto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz, para que se revise el actuar de Ambrosio Vargas.

De acuerdo con lo expuesto por José Manuel Valencia, a quien denominan “preso político” debido a que su aprehensión se dio durante el gobierno del fallecido Miguel Barbosa: “desde el 7 de enero del año 2020 fui detenido por delitos que nunca cometí, como son el motín y lesiones, fui juzgado y sentenciado injustamente a 5 años y 1 día de prisión. Dentro de la ley nacional de ejecución penal establece en su artículo 141 un derecho que es la libertad anticipada, dicho beneficio contempla algunos requisitos para obtener ese beneficio, mismos que cumplo en su totalidad de forma cabal.

“El 28 de diciembre del año 2023 solicité ese beneficio a la jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas y hasta el día 15 de marzo del año en curso manifestó que ‘no existen las condiciones necesarias para otorgar el beneficio de libertad condicionada’. Actualmente tengo 4 años con 5 meses detenido injustamente, puesto que los delitos que me imputaron fueron de forma dolosa y nunca participe en los hechos. Es relevante mencionar que he actuado conforme marcan las leyes de nuestro país sin poder alcanzar justicia, actualmente cumplo con cada uno de los requisitos que marca la ley para poder alcanzar el beneficio de libertad anticipada, he tenido una conducta intachable, creo en las leyes de nuestro país, creo en las instituciones que imparten justicia en nuestro estado, pero de forma dolosa e ilógica la jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas me ha negado un derecho que me corresponde argumentando que no existen las condiciones y los requisitos.

Por esta razón el exlíder tianguista pidió al gobernador exhortar a una revisión del actuar de la jueza, “que de forma reiterada atropella mis derechos humanos ya que me encuentro privado de mi libertad, y sin ninguna justificación legal está cometiendo un abuso en sus funciones”.

En su carta, José Manuel Valencia asegura que está detenido por  su “activismo en defensa de los derechos de mis compañeros comerciantes, puesto que siempre he defendido el derecho al trabajo de cada uno de mis agremiados”. (MCJ)