Al menos 12 denuncias penales ha interpuesto el Congreso local en contra de igual número de ex alcaldes entre 2011 y 2014, por los delitos de daño patrimonial o sustracción de documentos, sin que a la fecha los procesos hayan concluido.

La única demanda penal ejecutada hasta la fecha es la de Gabino Pedro Barojas de Rosas por el delito de peculado, al no comprobar un presunto gasto de 768 mil 177 pesos, cuando fungió como alcalde de Palmar del Bravo en el 2002, por lo que estuvo preso por 14 meses entre los años de 2011 y 2013.

Las 12 denuncias penales contrastan con las 95 inhabilitaciones que el Congreso del estado ha fincado a igual número de alcaldes durante el periodo de 2002 a 2012.

En mayo de 2011 el Congreso local presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de Adalberto Espinoza Guevara por el delito de daño patrimonial en el que habría incurrido mientras fungió como alcalde Huejotzingo, durante el periodo de 2008 a 2011,  misma que se radicó bajo el expediente 248/2011, pero que finalmente no se acató.

En junio de 2011 el Poder Legislativo inició un proceso penal en contra de Alberto Hernández Valencia, debido a que durante su gestión como edil de Ahuehuetitla durante el periodo 2008-2011, hurtó equipo de cómputo de la comuna y retuvo información de la misma, sin embargo la demanda no fue desahogada.

Incluso, en enero pasado Hernández Valencia protagonizó un nuevo escándalo pues se negó a entregar un pozo que construyó con recursos públicos en  un terreno de su propiedad.

En el 2011 también se fincó un proceso penal a Eliseo Galván Jiménez, pues se detectó que como alcalde de Calpan durante el periodo 2008-2011 no pudo comprobar el uso de 113 millones de pesos, además de que también fue acusado de sustraer documentos oficiales, pero tal y como ocurrió en los otros casos, el proceso se estancó. 

Tal situación ocurrió también con Salvador Coyotécatl Xochimitl, a quien se le responsabilizó de cometer un daño patrimonial al erario de Coronango, mientras se desempeñó como alcalde de 2008 a 2011.

A las denuncias penales que no fueron acatadas, se suma Félix Fortunato Serrano Sánchez, ex edil de Ahuatlán durante el periodo de 2008 a 2011; José Roberto Sergio Sánchez, quien fue alcalde de Amozoc pues no demostró la aplicación de 56.1 millones en el 2008.

Asimismo, se encuentra el ex presidente municipal de Esperanza Alfonso Morales González a quien el Congreso local le responsabilizó por un daño patrimonial por un millón 348 mil pesos, así como el ex edil de Chinconcuautla, Marcelo Martínez Roldán, pues se le acusó de sustraer  documentos oficiales del ayuntamiento.

También se suma el caso de Óscar Camacho Moreno, quien gobernó Cuyoaco, Marciano Hernández Hernández en Francisco Z. Mena, Alfredo Muñoz Morales en Esperanza y Alberto Muñoz Pérez en Tochtepec, a quienes sí les fueron aprobados el uso de recursos públicos que realizaron como ediles, pero que fueron demandados por retener o sustraer equipo de cómputo, durante los procesos de entrega recepción que se dieron en el 2011.