Diez meses han pasado desde el abuso policial cometido hacia un par de periodistas de la Mixteca Poblana que cubrían un evento con sede en Izúcar de Matamoros. Paradójicamente, la protesta a la que acudieron en calidad de reporteras trataba de visibilizar la violencia contra las mujeres. A casi un año de los hechos, aún no han obtenido ni un soplo de justicia.

Natalie Hoyos López fue una de las periodistas detenidas de manera arbitraria durante la tarde del 10 de marzo de 2023. Ella junto con su hermana Michelle acusa haber sido víctima de humillaciones e incluso violencia sexual por parte de los uniformados adscritos a la policía municipal, quienes presuntamente dijeron actuar por órdenes de la alcaldesa Irene Olea, a quien se referían como “La Jefa”.

“Se estaban burlando de nosotras, pero algo muy indignante que pasó es que en la revisión que nos hicieron a mí y a mi hermana nos hicieron tocamientos lascivos, nos tocaron nuestras partes íntimas, nos obligaron a bajarnos la parte del pantalón y que hiciéramos una sentadilla”, relató Natalie a este portal donde también es colaboradora.

A los actos de violencia sexual se sumaron también los de tortura psicológica, pues las agresiones fueron más allá de la humillación por su trabajo, insistiendo los cuerpos policiacos en que debían “realizar una noticia al respecto”, es decir, cubrir su propia tortura.

La detención se prolongó a más allá de las seis horas de duración y para poder salir tuvieron que negociar una falta administrativa que se les aplicó y por la que se les pretendía hacer el cobro de 4 mil pesos. Finalmente, su libertad tuvo un costo de mil 800 pesos, pese a que no hubo delito alguno salvo “trabajar en un medio crítico con el gobierno actual”, según narró Natalie.

Abuso policial en Izúcar suma 10 meses de impunidad

El pasado 10 de enero la agresión cumplió 10 meses de no arrojar resultados pese a que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República. Desde entonces los elementos que protagonizaron las agresiones se mantiene en activo y sin ningún tipo de sanción, como indicó la reportera.

“Los policías siguen activos, a ninguno dieron de baja ni lo separaron de su cargo. La presidenta después de que di a conocer el hecho mencionó en rueda de prensa que iba a iniciar un proceso de investigación en la Contraloría Municipal, pero ahí está una familiar de ella; obviamente el tema no siguió, no se investigó, no fijó una postura ni hizo nada”, continuó.

Turnadas a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en Puebla para interponer una denuncia, Natalie y Michelle recibieron como respuesta que dicho departamento se declaró “incompetente” para dar continuidad al caso. El siguiente paso fue denunciar ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos donde no tuvieron un buen trato, pues indica que fueron revictimizadas por la situación.

“De avances de la Fiscalía pues no conocemos. Han hecho el proceso de investigación, pero todavía no tenemos avance”, sostuvo la periodista. Ya el 28 de marzo de 2023, Olea Torres había indicado que seis policías se encontraban bajo investigación, aunque sin resultados hasta ahora.

Gobierno Federal retoma caso de abuso en Izúcar

El caso fue recordado en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves 11 de enero, quien se comprometió a retomar el asunto y citó a ambas periodistas para sostener dos reuniones distintas con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

No obstante, que el gobierno federal se comprometa a absorber el caso no es sinónimo de garantía para Natalie, quien dijo que “hasta no ver no creer” debido a que no sabe si en manos federales logren encontrar la justicia que tanto ella como su hermana buscan desde hace casi un año.

“Fui afortunada con mi hermana de que tengamos esa oportunidad de acelerar el caso, fue una injusticia lo que pasó, por ello pido que sean juzgados y paguen por lo que hicieron los responsables esa noche, y también que pague la autora intelectual de esa detención porque fue con dolo lo que nos hicieron. […] Creo que deben respetar la libertad de expresión y en Izúcar claramente no lo hicieron. Únicamente lo que busco es justicia, que el gobierno no la vaya a respaldar, no la vaya a proteger”. (EG).