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Congreso Puebla va por gratuidad en apostilla de documentos para migrantes

  • Anaid Piñas
La iniciativa fue presentada por las diputadas Guadalupe Leal Rodríguez (PAN), Laura Ivonne Zapata Martínez (PRI) y María Ruth Zarate Domínguez (Morena)
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El Congreso de Puebla pretende que la apostilla en los trámites del estado civil de las personas mexicanas migrantes sea gratuita, a fin de facilitar la obtención de documentación local “de los poblanos que regresan a la entidad”.

La iniciativa fue presentada por las diputadas Guadalupe Leal Rodríguez (PAN), Laura Ivonne Zapata Martínez (PRI) y María Ruth Zarate Domínguez (Morena), quienes plantean la posibilidad de que las autoridades estatales condonen los gastos de las apostillas y traducción de documentos.

Ellas trabajaron el proyecto con Rossy Antúnez, responsable de Familias Transnacionales dentro del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI);  y la maestra Samaidi Sánchez Cortés, activista migrante y presidenta de Poblanos por un Cambio Binacional.

De acuerdo con su propuesta, se reformarían los artículos 272 y 273 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, 907 del Código Civil del Estado de Puebla y el Artículo 28 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla.

Por lo anterior se condonaría el pago de la apostilla para los trámites relacionados con la nacionalidad mexicana, al ser trámites costosos que actualmente superan los 500 pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de Puebla.

Además, se pretende eliminar los costos de traducción de documentos y otorgar de forma gratuita el registro de nacimiento y otros documentos de identidad para los mexicanos, para que los connacionales nacidos en el extranjero y los niños mexicanos con padres de otras nacionalidades puedan agilizar la obtención de su acta de nacimiento.

“Yo creo que el gobierno del estado tiene la capacidad para hacer una alianza o para poder hacer un convenio de colaboración y que se pueda lograr”, comentó la diputada Leal Rodríguez.

La apostilla es un trámite para certificar que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad en uso de sus facultades; sin embargo, no garantiza la validez del contenido. (JT)

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