El gobierno del estado no cuenta con estudios o análisis financieros que concluyan la inviabilidad para revertir la privatización del agua potable al consorcio Concesiones Integrales conocido comercialmente como Agua de Puebla para Todos, empresa de la familia Hank Rhon a la que se le concesionó el servicio de distribución del vital líquido a 30 años, con posibilidad de prorrogarse por otro periodo igual.

Respuestas de varias Unidades de Transparencia revelaron que no existe el documento ni la información que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sostuvo y aseguró ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en “la mañanera” del pasado 5 de mayo.

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Un minuto antes de que concluyera la rueda de prensa celebrada en Puebla y trasmitida a nivel nacional, un reportero inquirió al Presidente su opinión sobre "el millonario negocio del agua en Puebla concesionado una empresa contaminante y abusiva”; López Obrador condenó los esquemas privatizadores y cedió el micrófono al gobernador poblano que explicó:

“Sí, si… es una concesión que se dio en el gobierno del gobernador Moreno Valle, una concesión que tenía muchos vicios con temas muy altos, sin embargo, se hizo un análisis y un estudio por parte del gobernador Barbosa, donde se dio cuenta de que financieramente era muy complicado poder cambiar la concesión que tenía Aguas de Puebla” (Sic), justificó ante el Presidente de México.

En una rueda de prensa en el Zócalo de la ciudad, organizaciones y colectivas defensoras del derecho humano al agua como Puebla Consulta Ciudadana, la Asamblea Social del Agua y colectivo Hermanos Serdán, exhibieron las respuestas del Ejecutivo del estado (folio 211200123000462), la Secretaría de Planeación y Finanzas (folio 211200523000212) o la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) (folio 210420723000030), en las que se evidencia la ausencia del análisis financiero en el que se concluya la inviabilidad para retirar la concesión a Agua de Puebla para Todos, al que se refería Céspedes Peregrina.

Destacaron la respuesta del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) en el folio 210423623000031 en la que sostiene: “Hago de su conocimiento que la institución que realizó estudio y/o análisis mediante el cual se concluye la inviabilidad financiera de cambiar la concesión otorgada a la empresa Agua de Puebla, fue el Congreso del Estado de Puebla, en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento”.

El SOAPAP en el documento oficial señala: “El análisis realizado por el Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se encuentra contenido en los considerandos que se expresan en el Decreto de fecha 15 de julio del 2022, emitido por Honorable Congreso del Estado, en el que se aprueba la estructura tarifaria para el cobro de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la Ley del Agua para el Estado de Puebla”.

Expertos opinan sobre privatización del agua en Puebla

Para los economistas Anselmo Salvador Chávez Capó, profesor investigador de la Facultad de Contaduría de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); el doctor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alejandro Chávez Palma, y José Manuel Lucio Guzmán, presidente del Área de Gestión de Proyectos y Análisis de Datos del Barzón Poblano, la respuesta ofrecida por el SOAPAP constituye no sólo un absurdo, sino un acto infame y una violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues no existe una alguna mínima referencia que aluda a replantear, suspender o cuestionar la concesión de los servicios de distribución del agua a la empresa privada.

Tampoco se hace mención del diagnóstico de la situación real de ‘Agua de Puebla para Todos’ o la cantidad que estaría obligado a pagar el gobierno del estado de revertir la concesión u otras penalizaciones que constaran en el contrato y sus múltiples anexos.

Necesaria una ouija para conocer el entramado financiero

“Un decreto puede ser resultado o derivado de un estudio financiero, puede contener parte y concentrar alguna conclusión, pero definitivamente no puede señalarse como muestra de un estudio financiero o proyecto de inversión, que está constituido por un análisis de mercado, de inversión y un estudio técnico minucioso” declaró a este medio Chávez Capó.

“La concesión de (Agua de Puebla para Todos) si la hicieron, está escondida o guardada… para saber qué pasó se necesita de una ouija…”, sostuvo el académico de la UPAEP que insistió en que también debe aclararse, fundamentalmente, el desconocido contrato de concesión.

A su vez, el ecónomo Alejandro Chávez Palma explicó que el decreto presentado por SOAPAP es un elemento cuantitativo, en el que no hay referencias mínimas de un estudio para revertir la concesión.

“El decreto publicado en el Periódico Oficial no constituye un estudio socioeconómico, menos aún un análisis financiero que justifique el esquema privatizador de un servicio tan vital como el agua”, sostuvo.

El profesor investigador de la BUAP describió que las autoridades que no tienen voluntad política para regular a la empresa ante el servicio tampoco la tienen para revertir una concesión.

José Manuel Lucio Guzmán, integrante de la organización El Barzón, explicó que un decreto no da cuenta de la dimensión de un estudio o análisis financiero que mostrara la inviabilidad para retirar la concesión.

“El decreto lejos de mostrar alguna inviabilidad financiera para dar marcha atrás a la concesión, deja ver todo lo contrario, allí queda expuesto que el SOAPAP nunca estuvo en números rojos, al contrario, se precisa que al momento de la concesión el organismo tenía una recaudación del 62 por ciento, lo que demuestra lo irracional de su privatización para salvar al organismo.

Simulación de autoridades locales: colectivo Hermanos Serdán

Carlos Popoca, exdelegado de la Subsecretaría de Gobernación federal e integrante del colectivo Hermanos Serdán, narró en la plaza pública la opacidad de los sujetos obligados para transparentar el análisis financiero para revertir la concesión a ‘Agua de Puebla para Todos’ y acusó la inexistencia del documento.

Explicó que a pesar de que Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció públicamente que tenía conocimiento de un análisis y un estudio elaborado durante el periodo del gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, el sujeto obligado -Ejecutivo del Estado de Puebla- a través de la Unidad de Transparencia de la Oficina del Gobernado, no respondió la solicitud de información en el folio 211200123000462, por lo que se evidenció que no se cuenta con el documento.

“Es una clara contradicción y una dolosa declaratoria de incompetencia para responder la pregunta. Se advierte que no existe ese estudio, que no existe la voluntad política de realizar un análisis real, transparente y que permita la participación de la ciudadanía en un tema tan importante como lo es el derecho humano al agua.

“Nos encontramos en un proceso de simulación de las autoridades locales, intentando con el discurso sumarse a un proyecto político nacional y con los hechos profundizar un modelo neoliberal, que como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador las concesiones han resultado un fiasco e instrumento para robar como es el caso de Puebla”, declaró.

¡Quiera o no quiera, Concesiones queda fuera!

Al grito de ¡Quiera o no quiera, Concesiones queda fuera!, organizaciones defensoras del derecho humano al agua demandaron nuevamente la remunicipalización del servicio de agua potable y el retiro de la concesión a la empresa de Hank Rhon.

“Hace más de diez años que diversas organizaciones sociales poblanas hemos luchado para desprivatizar el servicio de agua potable y saneamiento. Tenemos pruebas contundentes de que la concesionaria ha faltado a sus responsabilidades:

"Citaron que al menos una tercera parte del municipio sufre carencia de agua de manera recurrente, de 11 inspecciones a las plantas tratadoras de agua realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha recibido 11 multas, en las propias mediciones de la empresa privada se reconoce que las descargas de agua contienen más de 12 veces el límite permitido de restos fecales.

"Hace diez años que no hacen su trabajo de saneamiento, contaminan el acuífero, generan enfermedades y en el mediano y largo plazo el daño podría ser irreversible”, refirió la organización Puebla Consulta Ciudadana.

María Eugenia Ochoa, integrante de la ASA, cuestionó los intereses detrás del encubrimiento de la empresa Agua de Puebla para Todos, pues esta se sostiene aun cuando existe un dictamen del Cabildo Municipal de Puebla en 2019 que plantea la necesidad de remunicipalizar el agua ante las calificaciones reprobatorias en los ámbitos técnicos, fiscales, jurídicos y sociales:

“La empresa en 2019 había incrementado los costos en más de un 500 por ciento en 2019, a la fecha el incremento es de un 750 por ciento, la empresa sangra el bolsillo de poblanos. Ahora los estratos de tarifas van de 175 pesos a 1 mil 470 pesos al mes, y en contradicción a la fecha más de 200 colonias no tienen agua”, sostuvo.

Organizaciones reclamaron que uno de cada tres hogares tiene que pagar por pipas de agua, se han presentado amenazas y cortes al servicio de miles de personas, muchas de ellas en condición vulnerable, como adultos mayores y discapacitados.

“Desde la iniciativa Puebla Consulta Ciudadana hemos ofrecido alternativas técnicas viables que permiten el término de la concesión sin perjuicio para las finanzas públicas, pero al parecer las finanzas que se protegen desde el poder público, son las de la concesionaria privada”

En un mensaje al que aludieron al gobernador Céspedes Peregrina, citaron: “El pasado jueves 6 de julio, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ‘todas esas concesiones han resultado un fiasco, pero además fueron instrumentos para robar’, por lo cual recomendó a gobiernos locales y ‘corcholatas’, impulsar la revocación de dichas concesiones”.