Luego que líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla capital, Sebastián Hernández Orozco, difundiera la grabación de una supuesta llamada en la que es presuntamente extorsionado con 50 mil pesos para no hacer pública su deuda alimentaria, organizaciones que promueven la Ley Sabina señalaron la dolosa edición del audio exhibido y se pronunciaron a favor de Raquel España, su expareja a la que ha violentado económica, física y psicológicamente.

Hoy jueves con un pronunciamiento, el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios Puebla (FMCDAP) y la colectiva Madres Viviendo Violencia Vicaria (MVVV) hicieron público su posicionamiento tras la publicación en redes sociales del video del priista, señalando el uso de evidencia tergiversada y manipulada, y lo llamaron a la congruencia.

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 Expareja de líder PRI en #Puebla afirma que audio de presunta extorsión está manipulado; reconoce haber pedido 50 mil pesos, pero por los reiterados adeudos de Sebastián Hernández
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— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 16, 2023

En el video, Sebastián Hernández Orozco sostiene que es víctima de una “campaña de desprestigio por parte de sus exparejas” y que ante los intentos de extorsión decidió “poner un alto” por lo que exhibió los depósitos para la manutención de su hija de casi 7 años, al tiempo que sentenció que ante los agravios y difamaciones solicitaría la custodia de la menor y el divorcio.

Acompañado con el posicionamiento de las organizaciones fue difundido también un video de Raquel España, madre de la hija Hernández, en la que ella reconoce haberle exigido 50 mil pesos por el adeudo reiterado de manutención que ya se ha acumulado, pues a la fecha sólo ha hecho el depósito de 8 mil 60 pesos.

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“Yo no lo extorsioné, si se analiza el video eso lo dice él, el dinero que le pedía era la pensión que adeuda y que sigue creciendo día a día”, sostuvo España.

Solicitar pensión alimenticia no es extorsión: FMCDAP

En el pronunciamiento el Frente explica que la violencia económica ejercida en contra de las madres, así como sus hijas e hijos, a través del incumplimiento de las pensiones alimenticias, es una de las formas de violencia más comunes, normalizadas y vinculada a la violencia vicaria. Los violentadores – que nunca se hicieron cargo de la crianza y cuidado con las madres desde el nacimiento-- recurren a solicitar la guarda y custodia con el fin de evadir el pago de las pensiones alimenticias.

“Por ello hacemos un fuerte llamado a las autoridades a implementar un análisis con perspectiva de género y no desestimar las diversas señales que apuntan a un posible caso de violencia vicaria”

El movimiento en Puebla desglosó en el comunicado que la pensión alimenticia debe cubrir todas las necesidades de niñas, niños y adolescentes y sostuvo “los derechos básicos de las infancias, no son negociables y exigir la pensión alimenticia para cubrirlos, no es extorsión”.

En el comunicado también se destaca que quienes ejercen violencia en razón de género se ganan el favor de la opinión pública, mostrándose en lo público como hombres respetuosos y responsables, mientras en los espacios privados violentan de diversas formas a sus parejas, exparejas, hijas e hijos, quienes se encuentran en clara desventaja al no contar con los recursos, las relaciones, el poder, ni las redes de apoyo necesarias para afrontarlos.

El 19 de mayo de este año Puebla se convirtió en el estado número 18 en avalar la Ley 3 de 3 con la cual los deudores alimentarios tendrán prohibido aspirar a cargos de elección popular.

Una semana antes, entró en vigor el registro de deudores alimentarios en México. La legislación dispone que todas las personas inscritas en esta base de datos no podrán tramitar documentos como licencias de manejo o pasaportes. Tampoco podrán aspirar a cargos de elección popular ni realizar trámites ante notario público.