La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, sostuvo que 8.1 millones de mujeres indígenas viven en condiciones de violencia familiar, abusos y agresiones a su integridad física y moral; además, no cuentan con acceso a servicios de salud y educación, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2013.

La legisladora de Nueva Alianza señaló que también enfrentan problemas vinculados con el acceso a la tenencia de la tierra, participación equitativa en las decisiones, y procuración y administración de justicia.

Además, enfrentan complicaciones de salud como muerte materna, violación de derechos sexuales y reproductivos, violencia de género, así como dificultades para acceder la cultura en su propio idioma, además de sufrir matrimonios forzados.

Las mujeres Indígenas, afirmó, “desempeñan un papel esencial en la recomposición del país, por lo que es necesario que las grandes distancias entre marginalidad y justicia social se reduzcan, dando lugar a nuevos modelos de desarrollo de acuerdo con sus expectativas culturales, sociales, políticas, económicas y justicia”.

Indicó que este tema es primordial, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en México existen 2 mil 443 municipios. De éstos, 871 son indígenas, por lo cual se requiere impulsar reformas que atiendan las necesidades específicas de las mujeres que habitan estas regiones.

Explicó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) arrojó que en el 2012 del total de la población indígena en México, 3.3 millones no satisfacían sus necesidades alimenticias básicas.

Además, sostiene que el nivel de escolaridad está relacionado con la alta mortalidad materna, ya que el 36.5 por ciento de las mujeres fallecidas en los municipios con más de 70 por ciento de población indígena carecía de instrucción y el 24.7 por ciento tenía la primaria incompleta.

Talamante Lemas, también secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, subrayó que los indicadores muestran que las mujeres de estas localidades padecen marginación y vulnerabilidad en materia de derechos humanos, enfrentándose a múltiples discriminaciones. “Cuando se es mujer, aquí, se es pobre y se es indígena”.

Por ello, enfatizó que la legislación indígena debe garantizar el acceso y protección de todos los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, y además prever mecanismos de exigibilidad para que tales derechos sean una realidad cotidiana.

La diputada presentó una iniciativa que plantea adicionar la fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Se busca con esta reforma que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) desarrolle, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, programas de capacitación permanente, que fomenten el conocimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas y prevengan la violencia en su contra, dirigidos a las autoridades estatales y municipales.

Puntualizó que con esta propuesta de reforma turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas, se pretende contribuir a la generación de políticas públicas orientadas a fortalecer la igualdad de condiciones, el acceso de la población femenina a sus derechos y la garantía de vivir libres de violencia.