Luego del conflicto con la empresa estadounidense Calica -filial de Vulcan Materials Company-, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que si cierran el muelle de Playa del Carmen, Quintana Roo, el Gobierno tendrá que intervenir como una decisión de "seguridad nacional".

En conferencia de prensa, el funcionario federal acusó a Calica de implementar un “saqueo irracional” que viene por la complicidad que han mantenido autoridades anteriores a través de permisos a modo.

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Ante la situación, señaló que sí existe un contrato entre Calica y Cemex para el uso de un muelle en Playa del Carmen a cambio de una tarifa para ingresar alimentos y bienes, pero aclaró que si esta logística no se atiende puede “tomarse una decisión de seguridad nacional” para intervenir, aunque espera que “pronto se dé una resolución favorable”.

En la posibilidad de que la cementara ya no pueda abastecer de alimentos y otros bienes a los habitantes de la isla de Cozumel, el funcionario aseguró que el muelle en cuestión “no es el único, pues hay tres más” para dar subsidios a la comunidad.

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“Entiendo que hay un diferendo entre la empresa cementera Cemex y Calica; Cemex tiene un contrato de utilización del muelle, a cambio de una tarifa”, refirió el secretario de Gobernación.

Disputa entre Cemex y Calica

La empresa mexicana, Cemex, interpuso una demanda contra la empresa Caliza Industriales del Carmen (Calica) ahora llamada Sactun, en Playa del Carmen, al acusar a la trasnacional de incumplir sus obligaciones y causar la deforestación de más de 900 hectáreas y provocar daños al ecosistema que la Semarnat estimó en más de 30 mil millones de pesos.

Por lo que, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuró en mayo de 2022 la extracción de piedra caliza que la minera hacía en Playa del Carmen tras advertir "la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas", lo cual fue respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue así como cesaron las actividades de la minera y aunque presentaron amparos no les permitieron reanudar operaciones y Vulcan Materials acusó al Gobierno de México de cometer un acto "ilegal" y "arbitrario" al argumentar que la empresa posee el terreno en el que interviene desde hace más de 30 años.