Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó contra la primera parte del denominado “Plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ministro indicó que la reforma electoral podría afectar la autonomía del INE y su capacidad para ejercer sus funciones constitucionales.

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“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, señaló Pérez Dáyan.

"Plan B" provocó roces entre SCJN y Consejería Jurídica de la presidencia

El INE demandó la controversia constitucional ante la SCJN el pasado 1 de febrero al oponerse al decreto que reformó la Ley General de Comunicación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo esta la primera parte del “Plan B” que quedó suspendida por orden de Alberto Pérez desde la semana pasada.

Esta acción fue impugnada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (la presidencia de la república), donde acusaron al juez por suspender leyes sin contar con indicios de afectación real al sistema democrático mexicano.

“La suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán afecta de manera grave una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como es la división de poderes, ya que carece de facultades para anular un valor constitucional superior, como es el principio de presunción de validez de las normas expedidas por el Poder Legislativo, pues sólo la determinación del pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general”, indicó la Consejería Jurídica en un comunicado emitido el pasado domingo.

Por otro lado, el INE también reprobó dichas reformas al considerar que son una “violación directa” hacia sus funciones, pues además “obstaculizan” su función para garantizar que exista equidad en las contiendas electorales y le restan autonomía.

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Tras admitir a trámite la controversia constitucional contra el “Plan B”, el juez Alberto Pérez Dayán otorgó un plazo de 30 días hábiles para que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, la Presidencia y Secretaría de Gobernación presenten una contestación.