Desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora panista Adriana Dávila Fernández demandó a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que realicen una investigación y apliquen las sanciones correspondientes contra Alejandro Minor Castillo, jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación de esa dependencia en Puebla, por una “sistemática y reiterada” conducta misógina que ha generado ya la violación a los derechos fundamentales de varias trabajadoras.

En un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) expone 8 diferentes casos de trabajadoras que han denuncia esta situación ante la CNDH; de ellas, a cuatro mujeres ya se les rescindió el contrato.

El documento detalla que hay “clara evidencia de la ejecución de conductas sistemáticas y reiteradas que ha cometido el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, Alejandro Minor Castillo, en perjuicio de diversas trabajadoras de ese instituto”.

“De acuerdo a las quejas y testimonios, las versiones de todas las trabajadoras coinciden en mencionar que, desde su llegada, el licenciado Alejandro Minor Castillo dejó en claro su intención de evitar trabajar con personas de sexo femenino, con aseveraciones misóginas, al mencionar que las mujeres son ‘muy conflictivas’.

“De esta forma se inició el maltrato psicológico y verbal de las trabajadoras, al grado de provocar revisiones y auditorías exhaustivas en esa delegación.

“Asimismo –agrega el relato consignado en el punto de acuerdo–, en reiteradas ocasiones dicho servidor público se ufanó de ser amigo personal del Licenciado Eduardo Jorge Kim Villatoro, director Jurídico del IMSS, y en consecuencia después de cada visita, llegaba personal de la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación, dependiente de dicha Dirección Jurídica, a llevar a cabo revisiones sin que mediaran oficios de requerimiento, incluso procediendo a realizar ‘cateos’ literales de las oficinas de los jefes de Departamento Laboral y Contencioso, llevándose equipos de cómputo y dejándolas incomunicadas”.

En este contexto, la senadora Adriana Dávila Fernández solicita a los titulares del IMSS y de la CND) “ordenar una investigación a fondo y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas y recomendaciones que correspondan sobre supuestos actos violatorios de derechos humanos que han sido ejecutados por el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS en Puebla en contra de trabajadoras del mismo instituto”.