La elección de consejeros estatales y nacionales del PAN en Puebla quedó firme, luego de que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional declaró infundados los agravios de la militante Violeta Reyes Blanco, quien impugnó los resultados del cómputo de votos por presuntas irregularidades.  

“A juicio de las y los integrantes de esta Comisión de Justicia, no puede tenerse por acreditada la violación invocada por la inconforme, por lo que es infundado el agravio planteado”, resolvió el órgano este jueves 10 de noviembre.

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La panista promovió un juicio de inconformidad contra los resultados de la elección estatal del 23 de octubre, pues señaló errores en las listas de candidatas al Consejo Nacional y a esto atribuyó que no fue electa como candidata a consejera.

Además, acusó al Comité Directivo Estatal (CDE) de Augusta Díaz de Rivera de cometer violencia política de género en su contra, pues los hechos relatados habrían violentado el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Como pruebas presentó el cuaderno de candidatas y candidatos al Consejo Nacional y Estatal y la impresión de cinco hojas con las tablas del cómputo de votos, pero no fueron tomadas como válidas porque las impresiones carecían de firma o de algún elemento que permitiera relacionarlas con los resultados de la elección.

“Literalmente constituyen un documento que pudo ser realizado por cualquier persona, con los datos deseados. De esta forma, bajo ninguna circunstancia se trata de un medio probatorio de conformidad con el cual pueda resolverse la nulidad de la elección impugnada o inferirse algún error en el resultado de la votación”, resolvió la Comisión de Justicia.

Pruebas no coinciden con acta de la asamblea estatal

El órgano partidista declaró que la prueba no coincide con el acta de la asamblea estatal presentada por el CDE del PAN, pues en esta no se hace referencia al número del cuadernillo utilizado en la elección estatal, sino que las candidaturas fueron enlistadas según el porcentaje de votos recibidos.

La Comisión de Justicia también determinó que el PAN estatal no privó a la militante de su derecho a participar en el proceso de renovación ni cometió violencia política de género en su contra, al considerar que este agravio es vago e impreciso.