A pesar de la reciente renuncia de Yuriria Torres Paéz de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la supuesta venta de documentos y abusos contra personal de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) de la citada dependencia, continúa sin que alguna autoridad intervenga en el asunto.

Denunciantes anónimos acusaron que dicha práctica ahora la realiza Zuri Saraday Flores Cuahutencos, la cual arribó a la Dirección de UMECA bajo el cobijo de Torres Páez, durante su administración.

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Yuriria, llegó en mayo en sustitución de Ardelio Vargas Carrillo, hijo del ex asesor de seguridad y exsubsecretario de Gobernación del estado en la gestión del gobernador Barbosa, Ardelio Vargas Fosado, sin embargo, aunque salió el 15 de octubre, ahora su “protegida” solapa y participa en la presunta filtración de diversa documentación.

Se trata de la supuesta venta de evaluación de riesgos de los acusados, por la cual piden entre 5 y 20 mil pesos; dichos documentos indican la peligrosidad de los asegurados y ello puede influir en el tipo de medidas cautelares dictadas en contra del acusado e incluso llegar a la suspensión condicional del proceso penal que el detenido enfrenta.

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De acuerdo con las fuentes, otra implicada en el asunto sería Alejandra Gómez Guevara, quien es la encargada del área de Riesgos Procesales la cual tendría como aliado a uno de sus subalternos de nombre Rafael Priego Morales. Los denunciantes aseveraron que la autorización de los mencionados papeles forzosamente pasa por la titular de la UMECA la cual debe plasmar su firma para que sean autorizados.

Otra problemática que presuntamente envuelve a la Unidad de Medidas Cautelares es el abuso que se comete contra los elementos de dicha área ya que, sin importar su lugar de residencia, cada 15 días son enviados a distintas Casas de Justicia del estado, a las cuales deben llegar con un oficio que tienen que recoger en su día de descanso en el Centro de Internamiento Especializado en Justicia para Adolescentes (CIEPA). Lo anterior representa gastos extras no contemplados por los elementos.

A otros elementos más, sin una justificación válida, les han recortado sus días de vacaciones y a otros los asignan a estar en las entradas de los recintos judiciales para poner gel a los visitantes, mientras que, en las audiencias en las salas de oralidad, hacen falta agentes que vigilen la seguridad de los asistentes y que nada se salga de control, afirmó la fuente, quien acusó la falta de policías procesales en los Centros de Justicia.

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