Puebla podría marcar un precedente en México si se aprueba la denominada Ley Monzón, que busca suspender la patria potestad de los hijos a los padres vinculados a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio, pues incluso Quintana Roo ya retomó la iniciativa.

La diputada local y autora de la propuesta, Mónica Silva Ruiz, confió en que antes del 15 de diciembre cuando termina el periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso dictamine las reformas a los códigos Penal y Civil del estado de Puebla.

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Así lo consideró al señalar que existe disposición de las bancadas del PRI, PAN, Morena y el PT, a la que pertenece, de avalar la propuesta.

Afirmó que mantiene comunicación con la hermana de Cecilia Monzón Pérez, abogada asesinada el 21 de mayo por órdenes del padre de su hijo, el político expriista Javier López Zavala, hoy preso en el penal del Altiplano, quien coincide en apresurar la dictaminación para proteger a las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad, tras el feminicidio de su madre.

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“Evidentemente no hablamos de una ley, sino de reformas específicas al Código Penal y al Código Civil, pero le denominamos Ley Monzón para que sepamos todos de qué se trata, todos conocimos a nivel nacional el caso de Cecilia y creo que ese caso mediático nos permite socializar con los habitantes de Puebla y de México”, dijo en entrevista.

Quintana Roo retoma Ley Monzón

De acuerdo con Silva Ruiz, el Congreso de Quintana Roo ya analiza la iniciativa que también se llama Ley Monzón, por lo cual consideró que Puebla marcaría un precedente en todo el país en materia de protección integral a los menores de edad, víctimas indirectas de feminicidio.

Manifestó que el menor tiene el derecho de convivir con la familia del padre y la madre, pero en caso de que la propuesta sea avalada quedará a discrecionalidad del juez o la jueza de lo familiar determinar si existen las condiciones para otorgar la patria potestad a los familiares.

La Ley Monzón sería aprobada, en su caso, bajo el principio de concentración junto al proyecto que propuso en un sentido similar la bancada del PRI y que busca quitar la patria potestad cuando quien la ejerza sea condenado dos o más veces por infracciones antisociales graves, delitos graves, feminicidio o tentativa de feminicidio contra la madre del menor.